La Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su rechazo a la determinación de la mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) donde acordaron desacatar una suspensión judicial y colaborar con el Senado de la República en la implementación de la reforma judicial.
A través de un comunicado, el organismo liderado por la jueza Juana Fuentes Velázquez expresó que el desacato a la suspensión concedida por una jueza federal “constituye una clara ruptura del Estado de Derecho y una violación directa a la División de Poderes”.
El día de ayer, en sesión privada, el CJF votó a favor de entregar las listas con información sobre jueces y magistrados necesaria para que el Senado, desde el próximo sábado, determine cuáles y cuantos cargos serán votados en las elecciones extraordinarias de 2025, establecidas en la reforma al PJF. Esto, pese a que está vigente una resolución judicial.
Según denunció la JUFED, dicha determinación no fue notificada a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales que son parte del Consejo y del PJF.
“La JUFED expresa su enérgico rechazo a la determinación tomada por el CJF de participar en la ejecución de la reforma judicial en desacato a las determinaciones judiciales emitidas por el Poder Judicial de la Federación, sin establecer un diálogo con las personas juzgadoras directamente involucradas (…) El respeto a las decisiones judiciales es una condición indispensable para la preservación de la legitimidad y la confianza en nuestras instituciones”, acusa la Asociación.
Igualmente, la Directiva Nacional de la JUFED mostró su preocupación por el sistema de tómbola planteado por el Congreso de la Unión para determinar quienes podrán acceder a las boletas electorales en los próximos comicios judiciales.
“Consideramos que este mecanismo transgrede los derechos humanos de las personas juzgadoras, genera una peligrosa falta de certeza y atenta contra los principios básicos de estabilidad y continuidad institucional”, indica el comunicado.
Finalmente, advirtieron que la implementación de la reforma judicial en México generará una crisis constitucional y pone en duda la legitimidad del gobierno de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo:
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“Pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de Derecho y la legitimidad democrática del gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum al generar una crisis constitucional”.
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