El asesinato del custodio Joaquín “N”, perpetrado el pasado jueves 2 de julio de 2026 al salir de su turno en el CERESO Uno de Hermosillo, no fue un hecho aislado, sino una represalia directa de la delincuencia organizada. Así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), al revelar que los ataques contra el personal penitenciario son reacciones contundentes de grupos criminales que han visto severamente fracturado su poder y control interno dentro de las cárceles del estado.
La pérdida de control de estas estructuras delictivas es el resultado de un operativo de reordenamiento coordinado entre fuerzas estatales y federales. Esta estrategia ha incluido revisiones sorpresivas constantes —como una reciente en un penal del norte del estado donde se decomisaron teléfonos celulares y objetos prohibidos—, el traslado estratégico de reos de alta peligrosidad y la ampliación de procesos penales contra internos que seguían operando desde el encierro.
Ante la gravedad de la situación, la Fiscalía del Estado anunció que irá con todo el peso de la ley y solicitará la pena máxima aplicable tanto para los autores materiales como intelectuales del crimen. Al momento, las investigaciones muestran avances significativos: Eduardo “N” y Gladys Verónica “N” ya fueron vinculados a proceso bajo prisión preventiva por homicidio calificado y asociación delictuosa, mientras que el gatillero que efectuó los disparos ya está plenamente identificado y cuenta con una orden de aprehensión vigente.
Como medida urgente de contención y para frenar la vulnerabilidad del personal frente a las amenazas de las bandas delictivas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora desplegó de forma inmediata protocolos especiales de protección, que incluyen custodia y acompañamiento permanente para salvaguardar la vida de las y los custodios en el estado.
