Un total de 20 empresas y particulares del sector inmobiliario han sido identificados por ofrecer y poner a la venta terrenos y lotes en Bacalar, Mahahual y Chetumal, sin contar con los permisos correspondientes, informó la titular de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres.
Torres precisó que actualmente se han contabilizado alrededor de 20 empresas y/o particulares que están promoviendo la venta de terrenos, detectados a través de la publicidad física, explicó la funcionaria estatal.
“Les hacemos un llamado a regularizar sus actividades y apegarse a las normativas que establecen la Ley de Fraccionamientos del estado de Quintana Roo y la Ley de Equilibrio Ecológico” indicó.
“Hoy en día, es un delito de violación contra el desarrollo urbano y no ha habido casos como tal; este es como el primer aviso público y se harán los requerimientos a quienes publicitan las páginas que están vendiendo, y posteriormente se presentarán las denuncias”, añadió.
Explicó que se ha descubierto que en algunas zonas hay caminos desarrollados que antes no existían, y que algunos otros están lotificados en papel, pero no físicamente.
Recordó que estas situaciones conllevan conflictos en los que terminan interviniendo el gobierno del estado junto con los ayuntamientos.
“Queremos trabajar de forma preventiva para fomentar el desarrollo con orden y evitar que la gente sea estafada, porque recordemos que muchas veces inician los desarrollos y no concluyen la dotación de servicios, y luego el estado tiene complicaciones con los municipios en la demanda de servicios”, señaló.
“En el peor de los casos es cuando se venden algo que no existe físicamente, y la gente, por desconocimiento, quiere comprar porque son precios accesibles. Eso es lo que buscamos con esta acción, junto con el Gobierno y los empresarios. Primero empezamos en el sur y luego se irá desarrollando en el centro y norte del estado”.
El gobierno del estado inició la semana pasada este llamado a los empresarios y particulares del sur del estado, y en los próximos meses, se extenderá a la zona centro y norte de la entidad, principales puntos de incidencia acrecentada en los últimos meses por el auge del nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto” y el proyecto del Tren Maya.
“En estas mesas se invitó a participar a la Federación. Recordemos que cuando se trata de terrenos nacionales que son de uso común y ejidales, el régimen es distinto. Como tal, nosotros no tenemos autorización para sancionar, pero sí la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque es una injerencia estatal, es federal, para que, en coadyuvancia, ellos puedan participar en el ámbito de sus funciones”, puntualizó.
MO
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