San Luis, Arizona, en estado de emergencia por miles de migrantes que esperan el fin del Título 42

Tucson, Arizona.- La ciudad de San Luis, en Arizona, declaró el estado de emergencia y se suma así a la crisis que están enfrentando otras ciudades como El Paso (Texas) y Denver (Colorado) por la llegada masiva de migrantes a pocos días del fin del Título 42, que ha expulsado de forma inmediata a estos extranjeros desde 2020.

La alcaldesa, Nieves Riedel, calificó la situación como una “crisis humanitaria y de salud pública”.

Lee también: Divulga EU datos personales de más de 6 mil migrantes perseguidos que buscan asilo

En los últimos días se ha reportado un considerable incremento en el cruce de inmigrantes indocumentados en Arizona, especialmente en la frontera del condado de Yuma, que ha llevado a varias de sus municipalidades, como San Luis, a declarar el estado de emergencia.

“En los últimos días hemos visto que hasta más de mil migrantes han llegado aquí a la frontera de Yuma”, dijo Claudia Ruiz, voluntaria de una iglesia local que asiste a los migrantes.

Subrayó que actualmente estiman que hay entre 300 a 500 esperando ser procesados por la Patrulla Fronteriza.

Indicó que muchos de ellos están esperando hasta tres días antes de ser procesados, soportando las bajas temperaturas que se registran esta temporada en el desierto de Arizona.

Los migrantes esperan en una larga fila a lo largo del muro fronterizo y “muchos no tienen comida ni agua, es lamentable su situación”, consideró Ruiz.

“Una vez que termine el Título 42 el próximo 21 de diciembre, se proyecta un aumento de hasta 40% en la migración irregular”, dijo la alcaldesa Riedel.

Por su parte, las autoridades del condado Yuma emitieron también esta semana una declaración de emergencia por las mismas razones.

Alertando que tan solo durante el pasado año fiscal 2022, la Patrulla Fronteriza arrestó a 300 mil migrantes en esa región.

Miles de migrantes a lo largo de la frontera con México esperan el fin del Título 42 por orden de un juez que lo declaró ilegal para poder presentar sus casos de asilo en los Estados Unidos, lo que podría poner a prueba los recursos tanto federales como locales para asistir a tantas familias.