El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció este viernes una prohibición a nuevas concesiones de minería metálica, pero mantuvo el contrato con una compañía canadiense que desató multitudinarias protestas hace una semana en el país.
El gobierno decidió emitir un decreto que “declare la prohibición de otorgamiento de nuevas concesiones de minerales metálicos en todo el territorio nacional”, anunció Cortizo en un mensaje al país por televisión, sin mencionar una palabra del polémico contrato con First Quantum Minerals.
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“Serán rechazadas de plano todas las solicitudes de minería metálica nuevas y también aquellas que están actualmente en trámite”, agregó el presidente, indicando que “esta prohibición será efectiva a partir del día de hoy”.
Cortizo, quien firmó el decreto frente a la cámara, dijo que tomó esta decisión “atendiendo las distintas posiciones de la sociedad con relación al tema de la minería”, pero su anuncio no apaciguó los ánimos en una protesta de miles de personas que se realiza este viernes en el centro financiero de la capital.
Miles de panameños marchan de nuevo
Miles de panameños marcharon de nuevo para exigir la derogación del contrato con la compañía canadiense, que explota la mina de cobre más grande de Centroamérica en el Caribe del país.
La multitud se congregó en la tarde en la Avenida Balboa, la costanera que bordea la capital, y avanzó por la Calle 50 hacia el distrito financiero, observaron periodistas de la AFP.
“Tú que estás mirando, sí, también te están robando”, coreaban los manifestantes bajo una leve llovizna, mientras hacían sonar cacerolas y ondeaban banderas tricolores panameñas.
Las manifestaciones comenzaron hace una semana y han congregado a miles de personas, algo inusual en este país de 4.2 millones de habitantes.
“El gobierno no ha estado escuchándonos, ha utilizado todos los medios para reprimir, para suprimir información”, declaró a la AFP Felipe Chon, activista de “Sal de las redes”, una de las organizaciones convocantes a la protesta.
“La mina ha sido un mal negocio para la nación, por el daño ecológico que han hecho”, indicó a la AFP Alfredo Fonseca, quien trabaja en el sector de aviación.
Al inicio participaban principalmente trabajadores convocados por el poderoso sindicato de la construcción, pero se fueron sumando maestros, ambientalistas, estudiantes, médicos, religiosos, transportistas y empleados de otros sectores.
Durante toda la semana ha habido bloqueos de calles en la capital y en otras ciudades, incluida en la carretera Interamericana que comunica al país con el resto de Centroamérica. Las clases estuvieron suspendidas toda la semana.
En algunas zonas se han registrados disturbios, choques entre policías que lanzan gases lacrimógenos y jóvenes que les tiran piedras y otros objetos.
“Legisladrones”
La protesta arreció el pasado viernes luego de que Cortizo sancionara la ley que establece el contrato minero, aprobada pocas horas antes por el Congreso.
“Tenemos una Asamblea [Nacional] llena de ‘legisladrones’ que miran por ellos y no por la gente que deberían ver”, dijo a la AFP en la marcha Ixel Vásquez, de 62 años, quien trabaja en bienes raíces.
Los manifestantes exigen la derogación de esa ley que selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.
El gobierno defiende el contrato argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.
Además, la empresa y el gobierno señalan que la mina genera 8 mil empleos directos y 40 mil indirectos, y aporta el 4% del PIB a la economía panameña.
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El contrato permite a la minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20. Desde febrero de 2019 la mina a cielo abierto, situada en la costa del Caribe, produce unas 300 mil toneladas de concentrado de cobre al año.
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