El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una orden ejecutiva este jueves para expulsar a las personas sin hogar que acampan en espacios públicos amparándose en una reciente sentencia del Tribunal Supremo federal.
La orden prevé así el desmantelamiento de miles de puntos de acampada de personas en situación de calle. “Ordena a las agencias estatales intervenir urgentemente ante los peligrosos campamentos y dar apoyo y asistencia a los individuos que viven en ellos”, explicó el propio Newsom en declaraciones recogidas por la cadena CNN.
Además establece criterios y guías para que las ciudades y condados “puedan hacer lo mismo”. Sobre ello, declaró:
“Sencillamente ya no hay más excusas. Es el momento de que todo el mundo cumpla con su parte”.
La orden ya ha sido criticada por organizaciones de apoyo a las personas en situación de calle. “Newsom podría haber emitido esta orden antes de la decisión (del Supremo). La única diferencia es que ahora las autoridades son libres de confinar y detener a gente incluso si no hay ninguna plaza disponible” en los centros de acogida, alertó el profesor de Sociología de la Universidad de California Los Ángeles Chris Herring.
Posteriormente, agregó:
“Antes de la sentencia del Tribunal Supremo las ciudades podían intentar proponer la acogida antes de desmantelar los campamentos. Ahora (…) podrán desmantelarlos bajo la amenaza de imponer multas increíblemente elevadas que estas personas no pueden pagar, por lo que podrían terminar en prisión”.
Un portavoz del Ayuntamiento de San Francisco aseguró que la ciudad ya comenzó a intervenir. “El personal sale cada día para llevar a la gente bajo techo y para limpiar y despejar las acampadas”, apuntó Parisa Safarzadeh.
La decisión del Supremo se basa en un caso de una pequeña localidad del estado de Oregón, Grants Pass, que prohibió a las personas sin hogar acampar en determinadas zonas. Rechaza que sea un trato cruel o degradante como alegaban las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Esta decisión es una de las más importantes de las últimas décadas en lo que se refiere a las más de 653,000 personas sin hogar del país, según los datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Esta decisión conservadora, paradójicamente, va en beneficio de estados de mayoría demócrata como California, donde destacados representantes han pedido al Supremo una decisión de este tipo para lidiar con más eficacia contra la presencia de personas sin hogar en sus calles.
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