BUENOS AIRES. El Gobierno de Javier Milei denunció a organizaciones sociales por la supuesta comisión de “extorsión” y “defraudación” al Estado en el manejo de planes de asistencia estatal y demanda a 14 agrupaciones que paguen 75 mil dólares por costos del operativo de seguridad del miércoles, día de la primera movilización contra el nuevo Ejecutivo, confirmaron fuentes oficiales.
“Hemos realizado la denuncia en los tribunales federales por los delitos de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales”, anunció el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa matinal en la Casa Rosada (sede del Gobierno).
Según Adorni, las autoridades identificaron y denunciaron a 32 personas pertenecientes a diferentes organizaciones sociales convocantes de la marcha contra el plan de choque económico del Gobierno.
El caso surgió después de que el Gobierno habilitara días atrás una línea telefónica para tramitar denuncias de amenazas de dirigentes sociales contra beneficiarios de planes de asistencia, quienes supuestamente fueron obligados a participar en la protesta bajo la amenaza de no cobrar las ayudas si ni lo hacían.
La línea recibió 15 mil 900 llamadas, de las cuales mil 100 “encuadraban con esa tipología” de delito, según las autoridades.
En vísperas de Navidad y en medio de un clima de tensión, organizaciones sociales y sindicales se movilizaron por tercer día consecutivo en distintos puntos de Argentina contra el paquete de reformas del Gobierno de Milei para desregular la economía y el sector público mediante un decreto de necesidad urgente que aún debe ser aprobado por el Parlamento.
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Por medio de asambleas, paro de actividades y ollas populares, la Asociación de Trabajadores del Estado -gremio que agrupa a empleados estatales de toda Argentina-, marchó hasta la sede de la Jefatura de Gabinete en Buenos Aires, y también se concentraron en el Obelisco y el Ministerio de Capital Humano.
En la capital, los manifestantes rodearon cada uno de los puntos de encuentro desde las aceras para evitar cortar las calles e incumplir con el protocolo ‘antipiquetes’ establecido por el gobierno.
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