La justicia británica pidió este martes a Estados Unidos nuevas garantías sobre el trato que reservaría a Julian Assange, en caso contrario otorgaría al fundador de Wikileaks un último recurso en Reino Unido contra su extradición.
Los jueces dieron un plazo de tres semanas a las autoridades estadounidenses para que garanticen que el australiano de 52 años podrá acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no será condenado a la pena de muerte, según un resumen de la decisión.
“Si no se presentan estas garantías” en ese plazo, Assange podrá apelar su extradición, aceptada en junio de 2022 por el gobierno británico, según la decisión de los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson.
Si Estados Unidos las presenta, el tribunal tendrá que decidir si son o no satisfactorias.
La justicia estadounidense reclama a Assange por la publicación desde 2010 de más de 700 mil documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país, particularmente en Irak y Afganistán.
Entre ellos se encuentra un video que muestra a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak, en julio de 2007.
Assange fue arrestado por la policía británica en 2019 tras pasar siete años en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia en una investigación por violación, desestimada en 2019.
Numerosas voces pidieron al presidente estadounidense, Joe Biden, que retire los 18 cargos impuestos contra Assange durante el primer mandato de Donald Trump en virtud de una ley sobre espionaje de 1917.
En las últimas semanas, los familiares y allegados de Assange, recluido durante cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, han alertado del deterioro de su salud.
Su defensa también advierte sobre el riesgo de suicidio en caso de extradición.
El australiano se ausentó por razones médicas de las audiencias de febrero, a las que acudieron decenas de simpatizantes para expresarle su apoyo.
Durante esos dos días de debates, sus abogados argumentaron que este proceso en su contra es “político” y que una extradición pondría en peligro su salud e incluso su vida.
Según dijo entonces su abogado, Edward Fitzgerald, el australiano está siendo juzgado por “prácticas periodísticas ordinarias” consistentes en “obtener y publicar información”.
Por ello su cliente se enfrenta a una sentencia desproporcionada en Estados Unidos y “existe un riesgo real de que sufra una flagrante denegación de justicia”, agregó.
La abogada Clair Dobbin, que representa al gobierno estadounidense, argumentó por su parte que Assange había publicado “indiscriminadamente y a sabiendas los nombres de personas que servían como fuentes de información para Estados Unidos”.
“Son estos hechos los que lo distinguen [de otros medios de comunicación] y no sus opiniones políticas”, argumentó.
En enero de 2021, la justicia británica falló inicialmente a favor del fundador de WikiLeaks. Hablando del riesgo de suicidio, la jueza Vanessa Baraitser se negó entonces a autorizar la extradición. Pero esa decisión fue revertida más tarde.
Estados Unidos intentó despejar los temores sobre el trato que recibirá si es extraditado y aseguró que no será encarcelado en la prisión de alta seguridad de Florence, apodada la “Alcatraz de las montañas Rocosas”, y que tendría la atención clínica y psicológica necesaria.
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Washington también abrió la puerta a que Assange cumpla su eventual pena en Australia.
En su tierra natal, el primer ministro Anthony Albanese denunció recientemente la persecución contra Assange por parte de la justicia estadounidense y el Parlamento adoptó una moción pidiendo ponerle fin.
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