La corte electoral brasileña alcanzó este viernes la mayoría necesaria para dejar al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro inelegible durante ocho años por “abuso de poder“, mientras resta el voto de dos jueces, que podrían pedir un aplazamiento del fin del juicio.
La inhabilitación política dejará a Bolsonaro, de 68 años, fuera de las próximas presidenciales en 2026 y puede abrir una carrera por el liderazgo de la derecha en Brasil, por ahora sin alternativas claras.
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El Tribunal Superior Electoral (TSE) alcanzó una mayoría de 4 votos a 1 en favor de condenar a Bolsonaro por haber cuestionado la confiabilidad del sistema de urnas electrónicas con informaciones “falsas” durante una reunión con embajadores en julio de 2022, tres meses antes de su derrota ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
La cuarta sesión del juicio se inició el viernes con el quinto voto, el de la magistrada Carmen Lúcia. Hasta entonces, tres de los siete jueces de la corte habían votado a favor de la condena, y uno en contra.
El de Lúcia fue decisivo, ya que el veredicto se define por mayoría del pleno (al menos 4 de 7 votos).
Resta ahora el parecer de dos jueces, que podrían pedir un aplazamiento del fin del juicio.
Bolsonaro, ausente en todas las sesiones del juicio iniciado la semana pasada en la sede del TSE en Brasilia, tampoco compareció el viernes.
El excapitán se halla en Belo Horizonte (Minas Gerais, sureste), donde tiene previsto almorzar con miembros de su Partido Liberal (PL), informó la agrupación.
Bolsonaro, que perdió la elección en octubre ante Lula por estrecho margen, defiende su inocencia.
“No cometí ningún delito al reunirme con embajadores. Querer quitarme los derechos políticos por abuso de poder político es inexplicable”, dijo el jueves a periodistas.
El abogado de Bolsonaro, Tarcisio Vieira, anticipó que en caso de condena, recurrirá la decisión ante el Supremo Tribunal Federal.
“Narrativa delirante”
El caso se centra en un evento con diplomáticos organizado por Bolsonaro en la residencia presidencial de la Alvorada, en el que aseguró sin pruebas que buscaba “corregir fallas” del sistema de urnas electrónicas con la “participación de las Fuerzas Armadas”.
En su discurso, transmitido por la TV pública y las redes sociales, Bolsonaro dijo que la supuesta vulnerabilidad del sistema podía servir para manipular el resultado en su contra, algo que repitió en numerosas ocasiones durante la campaña electoral contra Lula.
Los cuatro jueces que ya votaron para condenarlo criticaron duramente su conducta.
El instructor del caso, Benedito Gonçalves, asoció a Bolsonaro a un “discurso violento y mentiras” que pusieron “en jaque la credibilidad de la justicia electoral”, y dijo que la reunión con los diplomáticos “sirvió para incitar un estado de paranoia colectiva” sobre el sistema electoral.
El discurso de Bolsonaro se convirtió en una “narrativa delirante con efectos nefastos para la democracia”, y no se trató de un acto aislado, sino de algo “concatenado estratégicamente a lo largo del tiempo, con fines electoreros”, apuntó por su parte el juez André Ramos Tavares.
“¿Qué puede ser más grave para un jefe de Estado que, con objetivos electorales, movilizar el aparato de la República para transmitir intencionadamente la idea de que las elecciones brasileñas no son limpias?”, agregó el magistrado Floriano Marques, al justificar su voto condenatorio.
El único parecer hasta ahora favorable a Bolsonaro fue de Raul Araújo, para quien “la intensidad del comportamiento no fue tal para justificar la medida extrema de la inelegibilidad”.
El futuro político de Bolsonaro
Tras la derrota de su líder en octubre (por 50.9 por ciento frente a 49.1 por ciento de los votos), bolsonaristas radicales cortaron carreteras y acamparon frente a cuarteles de todo el país pidiendo una intervención militar.
El 8 de enero, una semana después de la investidura de Lula, miles de bolsonaristas invadieron y saquearon los edificios de la Presidencia, del Congreso y de la corte suprema en Brasilia.
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El ultraderechista enfrenta más de una decena de otros procesos administrativos en el tribunal electoral y es objeto de cinco investigaciones en la corte suprema, con penas susceptibles de prisión.
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