Juan Orlando Hernández se convirtió este viernes en el primer exgobernante hondureño que, después de ser presidente de Honduras (2014-2022) durante dos períodos, es declarado culpable en Estados Unidos por tres delitos asociados al narcotráfico, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua.
El juicio contra el hondureño se inició el 20 de febrero en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, dos años después de que EE.UU. lo solicitó en extradición.
También conocido por sus iniciales JOH, Hernández, natural de Río Grande, departamento de Lempira, en el oeste de Honduras, donde nació el 28 de octubre de 1968, tuvo una vertiginosa carrera política iniciada en el Parlamento de su país en 1997, cuando salió electo como diputado por el conservador Partido Nacional.
En el campo profesional, fue licenciado en 1990 en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); en 1991 fue becado del programa Mashav de Israel y en 1995 realizó una maestría en Administración Pública por la Universidad Estatal de Nueva York, formación que amplió en España.
Desde finales de los años 80 del siglo pasado fue escribiente en el Juzgado de Francisco Morazán y entre 1990 y 2002 ejerció la abogacía y fue profesor de Derecho Constitucional en la UNAH.
En el Parlamento también fue secretario y en el período 2010-2014 presidió ese poder, sustituyendo a su correligionario Porfirio Lobo, también salpicado en EE.UU. por narcotráfico.
Su carrera política fue marcada tanto por logros como por controversias, incluyendo acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico, lo que él siempre negó.
En noviembre de 2013 fue elegido presidente de su país, asumiendo el cargo en enero de 2014. Durante su presidencia se enfocó en temas de seguridad nacional impulsando políticas para combatir las altas tasas de criminalidad y violencia que han plagado a Honduras.
A pesar de algunos éxitos en la reducción de la tasa de homicidios, sus métodos y la militarización de la policía fueron objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
Su regreso al poder en 2017 fue especialmente controvertido. La Constitución de Honduras prohíbe la reelección presidencial bajo cualquier modalidad, pero una decisión del Supremo en 2015, percibida ampliamente como influencia de los aliados políticos de Hernández, abrió el camino para que buscara un segundo mandato.
Además, su reelección estuvo marcada por acusaciones de fraude, narcotráfico y protestas masivas, y generó una grave crisis política en el país que además dejó decenas de muertos, centenares de heridos y detenidos, y daños materiales por las protestas violentas.
El 16 de diciembre de 2017, un día antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo declarara presidente electo, Hernández perdió a una hermana, Hilda Hernández, su exministra asesora de Estrategia y Comunicaciones, fallecida con otras cinco personas en un accidente de helicóptero, lo que supuestamente habría sido un atentado de narcotraficantes, según versiones extraoficiales.
Más allá de los desafíos políticos internos, Hernández enfrentó acusaciones significativas en el extranjero. En 2021 fue acusado en Estados Unidos de participar en una “empresa criminal violenta de narcotráfico” que supuestamente introdujo grandes cantidades de cocaína en ese país.
Estas acusaciones mancharon seriamente su legado y pintaron la imagen de un líder cuya administración estuvo supuestamente involucrada en actividades criminales a gran escala.
El 15 de febrero de 2022, a 19 días de haber cesado como presidente, Hernández fue capturado en su residencia y el 21 de abril entregado en extradición a EE.UU., acusado por narcotráfico.
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Tras varios retrasos, el pasado 20 de febrero comenzó su juicio. En el banquillo lo acompañaron Juan Carlos ‘El Tigre’ Bonilla, exjefe de la Policía de Honduras, y Mauricio Hernández, expolicía y primo del expresidente, quienes se declararon culpables de narcotráfico, a diferencia de él.
Durante la audiencia preliminar al juicio, realizada el 18 de enero de 2024, se mencionó la participación de dos testigos anónimos cuyas identidades se mantuvieron en secreto.
Estos testigos afirmaron la implicación de Hernández y su hermano, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, en el asesinato en 2019 de Neri Orlando López Sanabria, conocido como Magdaleno Meza, dentro de la cárcel de máxima seguridad El Pozo, en llama, Santa Bárbara. Su hermano Tony fue condenado a cadena perpetua más 30 años por narcotráfico en Estados Unidos, en marzo de 2021.
El juicio buscó demostrar los sobornos y pagos realizados por narcotraficantes a la campaña política de Juan Orlando Hernández, incluyendo contribuciones del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, a cambio de protección.
Entre los testigos figuraron Víctor Hugo Díaz Morales, conocido como ‘El Rojo’, quien relató el pago de sobornos a un sobrino de Juan Carlos Bonilla, exdirector de la Policía Nacional, y a Tony Hernández, así como aportes de dos millones de dólares por parte de ‘El Chapo’, pagados a Hernández y al expresidente Porfirio Lobo a través de Tony Hernández.
Juan Orlando Hernández es el primer presidente de Honduras en haber sido extraditado y acusado en Estados Unidos por narcotráfico, delito que también salpicó a otros reconocidos políticos del país centroamericano
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