Exjefes del Ejército y la Fuerza Aérea de Brasil confirmaron a la Policía Federal que el expresidente Jair Bolsonaro discutió un proyecto de decreto para impedir el traspaso del poder tras las elecciones de 2022, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto.
Sus testimonios, entregados a los investigadores en las últimas semanas, son un mal augurio para Bolsonaro, cuya carrera política parece acabada y ahora se considera que intenta no ir a la cárcel.
Bolsonaro ya ha sido declarado inelegible políticamente hasta 2030 por difundir desinformación electoral durante la campaña de 2022, y recientemente su pasaporte fue incautado por la policía que investiga sus esfuerzos por aferrarse al poder después de que perdió la presidencia ante Luiz Inácio Lula da Silva.
La semana pasada, el exjefe del Ejército Marco Antonio Freire Gomes dijo a la policía que hubo discusiones con Bolsonaro sobre un proyecto de decreto que podría haber impedido la investidura de Lula, dijeron dos fuentes.
Eso siguió al testimonio del exjefe de la Fuerza Aérea Carlos Baptista Junior, quien el mes pasado también informó a la policía sobre las discusiones con Bolsonaro respecto a las formas de evitar que Lula asumiera el poder, dijo una de las fuentes.
Ni Gomes ni Baptista Junior pudieron ser localizados para hacer comentarios. Un portavoz de Bolsonaro, que ha negado las acusaciones, calificándolas de caza de brujas por motivos políticos, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Bolsonaro enfrenta actualmente varias investigaciones penales que están a punto de llegar a sus conclusiones.
Una fuente de la policía federal con conocimiento del asunto dijo que los investigadores planean combinar las pesquisas, y ya están discutiendo los cargos que creen que Bolsonaro debe enfrentar. Los posibles cargos, que incluyen intento de derrocar al Estado democrático, asociación ilícita y falsificación de documentos, conllevan una pena máxima total de 55 años de cárcel.
“La acusación de Bolsonaro es más una cuestión de cuándo, que de si”, dijo a Reuters una fuente de la fiscalía general, que habló bajo condición de anonimato.
Ni la fiscalía general ni la policía federal respondieron a peticiones de comentarios.
Lea el artículo completo aquí.
