Estados Unidos evalúa restablecer sanciones contra Venezuela luego de que la corte suprema de ese país ratificara la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, declaró este sábado un portavoz del Departamento de Estado.
Washington había anunciado el año pasado una flexibilización de las medidas contra Caracas en los sectores del petróleo y el gas, pero “ahora revisa” su política de sanciones “ante este hecho” y otros que apuntan a “candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil”, declaró el vocero Matthew Miller.
Para Estados Unidos, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que descalifica a la candidata “victoriosa de las primarias democráticas de la oposición, contradice el compromiso asumido por los representantes de (el presidente) Nicolás Maduro de organizar una elección presidencial equitativa en 2024”.
El vocero destacó que Machado “no fue notificada de las alegaciones en su contra y no tuvo la posibilidad de responder”.
“Esta decisión muy preocupante contradice los compromisos asumidos por Maduro y sus representantes en el marco del acuerdo de Barbados, que fijaba una hoja de ruta electoral y permitía a todos los partidos elegir sus candidatos para la elección presidencial”, indicó el Departamento de Estado.
La corte suprema de Venezuela ratificó el viernes una inhabilitación política contra Machado, quien fue electa en primarias como la candidata de la oposición para enfrentar a Maduro en las presidenciales que deberían realizarse en el segundo semestre.
El TSJ tomó la decisión dentro de un mecanismo creado bajo presión de Estados Unidos para que los inhabilitados que “aspiran a postularse” a las presidenciales pudieran impugnar las sanciones en su contra.
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Más temprano, el TSJ ratificó igualmente la inhabilitación de Henrique Capriles, quien enfrentó al expresidente Hugo Chávez en 2012 y un año después a Maduro.
Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales. Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” impide aspirar a la presidencia.
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