El Congreso de El Salvador dispuso este miércoles que los presuntos pandilleros detenidos sean procesados colectivamente, lo que conducirá a que grupos de unos 900 reos enfrenten un mismo juicio.
Se ordena el “sometimiento de [varios] imputados a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción”, desde marzo de 2022, dice el decreto aprobado.
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“No hay nada parecido en la historia del mundo de lo que estamos enfrentando nosotros ahora mismo. Son más de 900 imputaciones por clica [célula] lo que presenta este decreto transitorio”, señaló el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Por su parte, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, explicó que “con esta disposición la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros en un proceso judicial penal”.
“Eso facilitará a la Fiscalía y a los tribunales el juzgamiento de los delincuentes pandilleros”, dijo el legislador oficialista.
Además, la Fiscalía podrá “utilizar en un proceso judicial los mismos elementos de prueba en contra de un grupo de pandilleros cuando éstos pertenezcan a una misma célula o que operen en una misma zona geográfica o que hayan participado en un mismo hecho delictivo”, añadió.
Esta “disposición transitoria” fue aprobada con los votos de 67 diputados aliados del presidente Nayib Bukele, de los 84 que conforman la Asamblea Legislativa.
La norma, que nació de una iniciativa de Buleke, también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio u ordene su liberación.
El diputado opositor Jaime Guevara, del izquierdista Frente Farabundo Martí, criticó la nueva norma al considerar que “solo busca resolver el colapso que tiene el sistema judicial por las miles de capturas en el régimen de excepción”, que suman casi 72 mil.
Estado de excepción se mantuvo
El estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue instaurado tras una ola de violencia que dejó 87 muertos en marzo de 2022, atribuida por el gobierno a las pandillas o maras.
La estrategia de Bukele para combatirlas ha elevado los niveles de seguridad en el país y cuenta con amplio apoyo ciudadano, pero es criticada por la Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos.
También ha sido cuestionada por parte de la comunidad internacional.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, apuntó que si el abordaje se centra en “las medidas más extremas” y no en “temas de fondo”, es “pan para hoy y hambre para mañana”, en una entrevista con BBC Mundo que publicó en Twitter (ahora X).
Bukele respondió a esa crítica en la misma red afirmando que su gobierno “puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito”.
“Qué difícil ha de ser liderar un país teniendo tan poco sentido común”, le lanzó a su par chileno.
Este miércoles, el Congreso reformó la Ley Contra el Crimen Organizado, elevando hasta 60 años de prisión las penas a quienes son “autores mediatos” de un crimen.
Villatoro señaló que “los líderes o cabecillas de pandillas son los que principalmente recibirán esa condena de 60 años pues son los que ordenan crímenes” en esas bandas.
En marzo de 2022 el Congreso había incrementado de 9 a 45 años de prisión la condena máxima por pertenecer a pandillas.
Para encerrar a los pandilleros, Bukele construyó una megacárcel para 40 mil presos que según el gobierno es la prisión “más grande de América”, con un duro régimen de reclusión que también es denunciado por organismos de derechos humanos.
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