La Cámara Baja de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó este miércoles formalizar la investigación de juicio político lanzada por los conservadores contra el presidente Joe Biden.
Esas pesquisas se habían abierto en septiembre de forma unilateral por el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y los republicanos esperan ahora que su validación en el pleno por 221 votos a favor y 212 en contra les facilite el acceso a información, documentos y testimonios.
“La Casa Blanca está bloqueando testimonios claves“, criticó en el debate parlamentario el presidente del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes, James Comer, que está al frente de esa investigación y que calificó a la misma de “importante y necesaria”.
Los republicanos tienen en su punto de mira los supuestos negocios de la familia Biden con “adversarios” del país como China, aprovechando sus lazos políticos.
La oposición acusa al mandatario demócrata de haber utilizado sus influencias cuando era vicepresidente de Estados Unidos en el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) para ayudar a su hijo Hunter y a otros familiares en unos supuestos negocios irregulares con esos “enemigos”.
Comer coordina las pesquisas con los representantes del Comité Judicial, Jim Jordan, y del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith.
En este tiempo, según el ahora presidente de la Cámara Baja, el también republicano Mike Johnson, los comités han concluido que la familia Biden recibió más de 15 millones de dólares de empresas y gobiernos extranjeros de Ucrania, Rusia, Kazajistán, Rumanía y China entre 2014 y 2019. Sus socios habrían recibido otros 9 millones.
Hunter Biden había sido convocado este miércoles para declarar a puerta cerrada al respecto, pero incumplió su citación alegando que quiere que su testimonio sea público.
Según señaló después Comer, que planea denunciarle por desacato, el hecho de que el hijo rechazara hablar hoy refuerza la necesidad de que se formalizara la investigación y de que el presidente y su familia “rindan cuentas por su corrupción”.
“Esta gente no trabaja para los estadounidenses, sino para Donald Trump“, lamentó en el debate el congresista demócrata Jim McGovern, para quien la investigación en marcha es una continuación de la “cruzada” emprendida por los republicanos para revertir los resultados de las presidenciales de 2020.
La Constitución de Estados Unidos establece que el presidente puede ser destituido de su cargo en un juicio político si cometió “delitos o faltas graves”.
Llegado el momento, la Cámara de Representantes debe votar si presenta cargos contra el actual mandatario, pero la potestad de destituir al presidente del país recae posteriormente en el Senado, donde los demócratas tienen actualmente el control.
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