La tolerancia de las autoridades a la economía informal representa un riesgo para las finanzas del país, debido a que la informalidad es menos productiva y rezaga el Producto Interno Bruto (PIB), afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
De acuerdo con el órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en octubre la población ocupada en la informalidad sumó 32.9 millones, su segundo nivel más alto desde que inició el indicador en 2005, representando el 55.4 por ciento de la ocupación total.
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“En términos de ocupación laboral, el sector informal es menos productivo, ya que con poco más de la mitad de la población en este sector genera solamente el 24 por ciento del PIB”, señaló el CEESP en su reporte semanal.
Otra causa de la permanencia de la economía informal en el país son los elevados costos laborales no salariales, tales como contribuciones al IMSS y al Infonavit, reparto de utilidades y otras prestaciones, que alcanzan alrededor del 40 por ciento de los costos laborales totales para las empresas.
“El hecho es que no ha habido estrategias efectivas que favorezcan la creación de empresas formales que permitan crear mayores puestos de trabajo de calidad. Es necesario un entorno que facilite a las empresas, nuevas y ya establecidas, ocupar un espacio en el sector formal de la economía, con expectativas claras de supervivencia y crecimiento y una percepción positiva y de certidumbre del ambiente de negocios“, agregó el CEESP.
Ante esto, el órgano asesor del CCE señaló que es importante un marco regulatorio facilitador del emprendimiento y la inversión, además de fortalecer la vigencia del estado de derecho y moderar la tendencia de los costos laborales.
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“La prevalencia de un Estado de Derecho con reglas claras es parte importante del entorno favorable a la formalidad laboral. Por un lado, facilita la inversión productiva de gran alcance, con la conveniencia de la relocalización de las cadenas de oferta y que naturalmente tiende a generar empleo formal. Por otro lado, el Estado de Derecho efectivo implicaría una menor tolerancia a la informalidad por parte de la autoridad”.
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