La propuesta del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de prohibir la minería a cielo abierto generará incertidumbre y reducirá las inversiones en una industria considerada clave para la economía local, dijeron representantes del sector.
López Obrador anunció el plan que endurecería aún más las reglas para el sector, como parte de una serie de iniciativas presentadas la semana pasada, mientras busca dar forma al debate político antes de la elección presidencial de junio, que se espera que gane su correligionaria Claudia Sheinbaum.
Es poco probable que la propuesta de reforma del mandatario sea aprobada en el corto plazo, ya que su partido y sus aliados no cuentan con los escaños necesarios en el Congreso para hacer cambios a la Constitución.
Pero Sheinbaum, la candidata favorita para sucederlo en el cargo, según las encuestas, ha dicho que adoptará sus propuestas como parte de su plataforma.
La industria minera asegura que tal medida sería desastrosa para el sector, que genera un 2.5% del Producto Interno Bruto de México, el principal productor de plata del mundo y un importante productor de oro y cobre.
De las 124 minas afiliadas a la Cámara Minera de México (Camimex), menos de la mitad son a cielo abierto, pero representan un 60 por ciento de la producción local, según sus propios datos.
“Prohibir la minería a cielo abierto implicaría la destrucción de un sector estratégico”, afirmó la Camimex en un comunicado esta semana.
La cámara dijo que las minas a cielo abierto representan más de tres mil 900 millones de dólares en inversión y 200 mil empleos directos, y advirtió que una prohibición eventualmente afectaría las cadenas de suministro, obligando a México a importar minerales a un costo más alto.
Desde que asumió el cargo en 2018, López Obrador no ha otorgado concesiones mineras de ningún tipo, argumentando que administraciones anteriores fueron demasiado condescendientes.
Ejecutivos mineros han expresado sus preocupaciones por esa decisión, así como por una ley de 2023 que acortó las concesiones a 30 años desde 50 y endureció los permisos de extracción de agua.
“No es ningún secreto que esta administración ha sido reacia a la minería”, dijo Jorge Ganoza, jefe de la canadiense Fortuna Silver Mines, que opera una mina subterránea en el sur del país. “Si esto continuara, ciertamente veríamos a México perder terreno en comparación con otras naciones mineras”.
Fortuna Silver ha reducido sus inversiones en la nación latinoamericana de casi la mitad de su gasto global a alrededor del 10 por ciento en los últimos años, afirmó.
Esa tendencia podría continuar si se aprueba la propuesta, opinó Riyaz Dattu, un abogado que asesora a compañías canadienses en arbitraje internacional. Canadá representa el 70 por ciento de la inversión minera extranjera en México.
“Las empresas no pueden operar sin entender si sus inversiones serán válidas en los próximos 10 a 20 años”, afirmó. “Esto alejará las inversiones”.
Grupos ambientalistas sostienen que la minería a cielo abierto excava franjas de tierra y utiliza químicos peligrosos, y la secretaria mexicana de Medio Ambiente, Maria Luisa Albores, la ha llamado “la más contaminante”.
La Secretaría también busca poner fin al fracking y prohibir las concesiones en áreas con escasez de agua.
Lea el artículo completo aquí.
