La Autoridad Investigadora (AI) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) está querella como parte de una nueva fase de la Comisión en la cual hará uso de todas sus facultades para sancionar severamente a quienes comentan conductas anticompetitivas.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso denuncias penales en contra de personas que habrían manipulado precios en la venta de productos para recubrir edificaciones.
La Autoridad Investigadora (AI) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) está querella como parte de una nueva fase de la Comisión en la cual hará uso de todas sus facultades para sancionar severamente a quienes comentan conductas anticompetitivas.
De conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica y el Código Penal Federal, la AI puede presentar querellas ante la FGR respecto de probables conductas delictivas en materia de libre concurrencia y competencia económica para que los presuntos implicados puedan ser sancionados con prisión, ya que este delito conlleva una sanción de cinco a 10 años de cárcel.
A partir de ahora, el Ministerio Público de la Federación es el responsable de conducir la investigación que, en su caso, se inicie por los hechos denunciados por la AI, así como del ejercicio de la acción penal. Posteriormente, el Poder Judicial será quien determine si existe responsabilidad penal, por lo que la presentación de esta querella no constituye ningún prejuzgamiento por parte de la Cofece.
De manera paralela, la Cofece tiene abierto un procedimiento administrativo bajo el cual las personas ya fueron emplazadas y se encuentran presentando pruebas y alegatos para su defensa.
Al término del procedimiento seguido en forma de juicio, será el Pleno de la Cofece quien determine si existe responsabilidad administrativa y, en su caso, impondrá las sanciones correspondientes.
Según la Cofece las colusiones entre competidores para manipular los precios (prácticas monopólicas absolutas), derivan en un aumento ilegal en los precios de los bienes y servicios que adquieren los mexicanos.
En caso de confirmarse, una conducta colusoria en este mercado vulneraría el derecho a una vivienda digna de los mexicanos, afectando las condiciones de vida de la población, especialmente las de los grupos más vulnerables.
De acuerdo con ONU-HABITAT, al menos el 38.4 por ciento de los mexicanos habita en una vivienda no adecuada, y Coneval calcula que hay un rezago habitacional de 45 por ciento.
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