Desde finales de marzo, cuando se dio a conocer públicamente el proceso que inició el Gobierno del Estado para que le fuera revocada la patente como Notario al ex secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, el pasado jueves 30 de mayo fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora la resolución que emitieron las autoridades que llevaron el caso.
El documento establece que dentro del expediente DGN 01/24 se recibió oficio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, además de notificarse a la Dirección General de Notarías la resolución dictada dentro del expediente 281/2024 el resolutivo del juicio de lesividad promovido por la administración estatal en contra del exfuncionario en el sexenio de Claudia Pavlovich Arellano, quien se ostentaba como titular de la Notaría número 113 con sede en Hermosillo.
Tras la resolución emitida por el órgano antes mencionado, se declara la nulidad del acto de aprobación del examen de aspirante a Notario, de la patente, oficios y demás documentación que se hizo antes o después del proceso de inscripción.
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El trámite se desprendió del juicio administrativo por “acción de lesividad” en contra del ex encargado de la política interna en la administración estatal anterior, al considerarse que la asignación no se dio en términos transparentes y responsables.
Se le ordenó al demandado que, en un plazo de tres días hábiles, improrrogables a partir de la notificación, ponga a disposición del Tribunal Administrativo los sellos y folios de la función notarial que realizaba.
También deberá abstenerse de realizar asesoramientos en el carácter de notario público a quienes comparezcan a solicitar los servicios respectivos, como también los actos descritos en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora.
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Pompa Corella fue seleccionado hace casi tres años con una patente, luego de que la exgobernadora Pavlovich firmó el documento que lo acreditó como Notario Público, tras haber cumplido con el examen de oposición en junio del 2021.
En diciembre del año pasado, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Notarías, propuesta por el Ejecutivo Estatal, con la intención de fijar un impedimento para que cualquier funcionario aspire a una patente por el tiempo proporcional al que prestaron su servicio dentro de una administración, además de que prohíbe que el gobernante en turno autorice nuevas patentes en su último año de gestión.
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