Organizaciones de la sociedad civil, fundaciones educativas y cúpulas empresariales lanzaron un llamado urgente a la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, para que gire instrucciones a la dependencia que encabeza, así como a las autoridades correspondientes, para que realicen las acciones pertinentes a fin de materializar la participación de México en la evaluación PISA 2025.
En una carta dirigida a la titular de la SEP, que se entregó al mediodía de este martes, las organizaciones y los alrededor de 136 ciudadanos firmantes señalaron que “la relevancia de PISA 2025 radica en que nos permitirá conocer la situación educativa tras la implementación de la Nueva Escuela Mexicana”.
Además -subrayaron en la misiva- “ofrecerá una visión integral de la trayectoria educativa de diferentes generaciones de estudiantes de 15 años, permitiendo orientar mejoras necesarias en nuestro sistema educativo”.
El 6 de diciembre de 2023, luego de que se dieron a conocer los resultados de esa evaluación internacional, correspondientes a 2022, donde se reveló un retroceso de los estudiantes mexicanos en matemáticas, lectura y ciencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia matutina que “esas pruebas son parte del periodo neoliberal; es como si tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.
“Nosotros no los tomamos en cuenta porque todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, el predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola”, comentó el mandatario en aquella ocasión.
Para abril de este año, el director de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Andreas Schleicher, afirmó que la participación de México en la prueba PISA 2025 estaba en riesgo, ya que el gobierno mexicano había suspendido algunos requerimientos para implementar el estudio, incluido el pago de la cuota.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) es una herramienta para medir la capacidad de los alumnos de 15 años para utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias, que está a cargo de la OCDE, organismo multilateral del que México forma parte.
Apenas el pasado 7 de mayo, López Obrador aseguró que México sí va a participar en la evaluación PISA 2025, y dijo que su gobierno está a favor de todo lo que tenga que ver con educación”.
“Participamos sin ningún problema. Todo lo que tenga que ver con educación se apoya. Estamos viendo eso de que hablan de que no vamos a participar, pero sí la aceptamos, estamos abiertos a todas las evaluaciones”, reiteró.
Las organizaciones civiles firmantes, en tanto, enfatizaron en la carta dirigida a la titular de la SEP que “es fundamental insistir en que las evaluaciones estandarizadas como PISA no se limitan a medir conocimientos memorizados”, ya que “evalúan la aplicación práctica de estos conocimientos en situaciones cotidianas, en áreas clave como lectura, matemáticas y ciencias”.
“Aún estamos a tiempo de realizar la prueba de campo previa a la aplicación de PISA 2025, lo que permitirá que México participe en esta evaluación internacional que proporciona información valiosa sobre el dominio de aprendizajes indispensables, cuya aplicación definitiva está programada para el próximo año”, expusieron.
Recordaron que si bien el presidente de la República anunció el pasado 7 de mayo que la prueba se llevaría a cabo, emplazaron a que el gobierno federal dé mayor información respecto a cómo va el proceso que lleve a concretar esta importante prueba.
En la misiva, los organismos de la sociedad civil afirmaron que “por primera vez en 25 años México corre el riesgo de no participar en este relevante ejercicio internacional, interrumpiendo así una serie histórica de datos fundamentales obtenidos a partir de los resultados de PISA”.
Si no se realiza la prueba de campo -advirtieron-, “México quedará fuera de una reconocida evaluación internacional, privando a la próxima administración federal de evidencia concreta sobre los niveles de aprendizaje y competencias de los estudiantes de 15 años. Esto también dificultará la comprensión de los avances y brechas respecto a evaluaciones anteriores”.
También consideraron que de no participar en la evaluación “México se perderá la oportunidad de obtener datos para evaluar la efectividad de las políticas educativas”.
“La ausencia de estos datos representará una pérdida significativa en términos de diagnóstico del sistema educativo, comparado con otros países, y de información actualizada necesaria para formular políticas educativas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad”.
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