La canciller Alicia Bárcena informó este miércoles que la entrada en vigor de la Ley SB4, que autoriza a las autoridades de Texas a detener y deportar a migrantes, “continúa suspendida” tras una nueva audiencia en la batalla legal contra la iniciativa antiinmigrante.
“La #SB4 continúa suspendida” escribió la responsable de la diplomacia mexicana en su cuenta de X.
Además reiteró que la cancillería continúa firme en la defensa de las personas mexicanas “ante leyes discriminatorias” en Texas y Estados Unidos.
“Nuestros migrantes No son criminales. Constribuyen con 324 mil mdd anuales a esa economía y representan 70% de sus trabajadores agrícolas. ¡No están solos!”, agregó Bárcena.
Por su parte, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, señaló que durante la audiencia de este miércoles pesó la postura de rechazo de nuestro país por el impacto que generará en la comunidad mexicana.
A través de redes sociales, el funcionario también señaló que el representante del gobierno de Texas reconoció la gravedad de la ley, la cual permite a policías estatales y locales realizar arrestos y deportaciones de cualquier persona “sospechosa” de haber cruzado ilegalmente hacia ese estado.
“Pesó la postura de México sobre el impacto para nuestra comunidad y en la relación bilateral, así como el rechazo firme a deportaciones de Texas”.
“El representante del estado reconoció que ‘fueron muy lejos’ y no pueden llevar a cabo retornos a nuestro país. Un avance muy importante. Seguiremos atentos al desarrollo del caso”, indicó.
En este sentido, la cancillería agregó que la postura de México es continuar rechazando cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, y señaló que leyes como la SB4 generan “fricciones internacionales, son discriminatorias y violatorias de derechos humanos”.
La semana pasada, el tribunal de apelaciones del quinto circuito de Estados Unidos emitió una resolución que mantiene congelada la ley de manera temporal, hasta que la justicia de ese país defina si viola o no la Constitución estadounidense, como argumenta el gobierno de Joe Biden.
La ley, que ya había sido bloqueada en febrero por un juez federal, fue promulgada en diciembre por el gobernador texano Greg Abbott y crear el delito de “entrada ilegal” a territorio texano y faculta a policías y jueces locales a detener, encarcelar y deportar extranjeros por la sola sospecha de que sean inmigrantes sin documentos y contempla penas para ellos de hasta 20 años de prisión.
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