Bajo el intenso escrutinio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se halla la minera canadiense Excellon Resources, dirigida por Shawn Howarth. La empresa ha despertado serias inquietudes en relación con sus intervenciones en las comunidades mexicanas, abarcando desde el presunto despojo de tierras hasta graves acusaciones de venta ilegal de agua y violaciones de derechos laborales. Fuentes confidenciales han informado a este reportero que una denuncia crítica ha alcanzado los pasillos del Palacio Nacional. El documento solicita la intervención directa del presidente López Obrador y de destacadas figuras como María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Blanca Alicia Mendoza Vera, procuradora Federal de Protección al Ambiente; Roberto Salcedo Aquino, Alejandro Gertz Manero y María de la Luz Mijangos Borja, instándoles a examinar minuciosamente a Excellon Resources y todos sus acuerdos en territorio mexicano.
El escenario se torna aún más preocupante al considerar que de los más de 500 conflictos socioambientales registrados por la Semarnat en México, casi el 40% tiene sus raíces en la minería. Y de esos, una alarmante mayoría está vinculada a compañías canadienses, resaltando la urgencia con la que el gobierno busca regular estas corporaciones. Es decir, con este asunto podrían dejar en claro que no solamente están detrás de los negocios de Germán Larrea Mota Velasco, el hombre detrás de Grupo México que algunos ya nombran como El Rey del Cobre.
Explica el documento que Excellon Resources, dueña de la mina La Platosa, en Durango, dedicada a la exploración, explotación y extracción de plata, plomo y zinc, celebró en 2008 un contrato de renta de mil 100 hectáreas con los ejidatarios de La Sierrita, pero desde 2011 comenzó a operar fuera del territorio acordado, por lo que los comuneros interpusieron una demanda en el Tribunal Agrario para recuperar sus tierras en un proceso judicial que aún sigue vigente.
Mientras tanto, la minera continúa operaciones de manera rentable, tanto así que recién adquirió la antigua mina La Negra en Querétaro, cuya producción es de millones de onzas de plata al año. Por eso desde 2019 los trabajadores de la mina solicitaron, a través del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, una mejora de las condiciones laborales y salariales mismas que la firma canadiense negó, por lo que en marzo de este año realizó un paro de labores. Los directivos amenazaron con declararse en quiebra si continuaba la huelga. Por otro lado, también se le acusa a esta minera de vender agua contaminada con metales pesados a unos 13 pequeños propietarios, (agricultores productores), socios de las grandes empresas lecheras en La Laguna, todo ello bajo el amparo de la ley minera pasada. Estamos hablando de dos mil metros cúbicos por segundo, cantidad que bastaría para surtir a Gómez Palacio, Durango, y otros municipios.
Así, los abusos laborales y ambientales perpetrados por Excellon Resources bien puede ser el claro ejemplo de cómo una empresa extranjera, aprovechando la mano de obra barata, la flexibilidad fiscal y corrupción de administraciones pasadas, extraen la riqueza del territorio mexicano a expensas de la clase trabajadora. Pero claro, hay que tener en cuenta que estas empresas se mueven sigilosamente por todo el país y están acostumbradas a mantener bajo tierra sus tratos, por lo que es difícil hasta para los del gobierno tomarles el pulso.
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