Nueve de los 72 municipios en Sonora que fueron auditados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) resultaron con calificación reprobatoria en sus cuentas públicas 2022, luego de que la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado realizó el análisis de esos reportes.
Se trata de Bacanora, Baviácora, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Huachinera, Aconchi, Bacum, Altar y Naco, los gobiernos municipales que obtuvieron menos de 60 puntos, debido a que presentaron inconsistencias e imprecisiones en el manejo de recursos y otros apartados.
La presidenta de ese grupo de trabajo, la diputada Natalia Rivera recordó que se hicieron tres sesiones para que tanto el Poder Legislativo como la ciudadanía constataran si la evaluación que se hizo era correcta, por ello luego de las revisiones y de señalar deficiencias en las estadísticas presentadas, cinco de los 14 ayuntamientos que estaban en un rango desfavorable, lograron mejorar su calificación.
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“Después de las sesiones de explicación se aprobaron los dictámenes, que es el trabajo técnico realizado por el ISAF, se hicieron modificaciones en el camino, en calificaciones que se propusieron para municipios y hoy se aprueba este trabajo técnico”, explicó.
El siguiente paso será, dijo, pasar el reporte completo al pleno para que se apruebe o no las cuentas públicas, cuya sesión se estima que se celebre el 11 de octubre y entre los 33 diputados decidan si se validan o no los dos dictámenes, en este caso del gobierno del estado y de los municipios.
En la cuenta pública de la administración de Alfonso Durazo la valoración se mantuvo en el rango de mediana, es decir, con una puntuación de 91.
“Quedaron alrededor de 390 observaciones, la calificación que propone el ISAF es la mediana, no el promedio que es alrededor de 88, la mediana sería 91, esas son las calificaciones propuestas por el ISAF”, detalló la legisladora.
Con esta evaluación, señaló que existe un gran reto, porque no obstante que a los municipios se les auditó cinco veces menos recursos que al poder ejecutivo, tuvieron cinco veces más observaciones, por lo tanto se debe profesionalizar más a los servidores públicos que ejercen los recursos y también que ejecutan las obras para que no haya discrepancias.
Una vez que se notifica el informe individual de resultados, el municipio, autoridad u organismo tiene 30 días hábiles para contestar, dar respuesta a las observaciones. Cuando el ISAF recibe las solventaciones a las observaciones tiene 120 días hábiles para pronunciarse sobre el tema.
Si no se solventan en esos días se pasan a la Dirección de Investigación para iniciar proceso donde se determina si implica daño patrimonial, si son faltas graves o menores, si se turnan a la FGJE, turnarse a organismos internos de control, a la FGR si son recursos federales, enfatizó Rivera Grijalva.
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El año pasado no se solventaron todas las observaciones, recordó, por lo que se abordó el tema con el ISAF para pedirles a sus encargados que esas observaciones no puedan prescribir conforme al Código Penal y la Ley de Responsabilidades.
Por último, la diputada explicó que la integración de la calificación consta de varios elementos: El que el sistema de contabilidad cumpla lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el manejo de deuda pública y finanzas; que el ejercicio de recursos esté apegado a la ley, además de una auditoría del desempeño que cumpla con el Plan de Desarrollo Municipal.
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