Dos abogados presentaron ante el Congreso de Morelos denuncia de juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco por omisión en tareas de seguridad pública
Dos abogados cercanos al fiscal general Uriel Carmona Gándara presentaron ante el Congreso de Morelos denuncia de juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco y la solicitud de renuncia del comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros.
Los abogados Luis Ignacio Reyes Andraca Domit Ayub y Alexis Jair Velasco Alcocer esgrimen en su denuncia de juicio político la causal de omisión en tareas de seguridad pública y omiten cualquier señalamiento contra la procuración de justicia y su titular.
Reyes Andraca y Velasco Alcocer son identificados por sus compañeros de gremio como simpatizantes del fiscal morelense a quien han distinguido por su trabajo en procuración de justicia.
Son los mismos abogados que hace un mes acusaron a reporteros de parciales por preguntar sobre la responsabilidad del fiscal en el universo de la seguridad pública y procuración de justicia. El tema lo llevaron al Congreso de Morelos y ahí salió en su defensa la diputada del PT, Tania Rodríguez Ruiz, quien pronunció: “cuando maten a un periodista los voy a ver marchando en las calles molestos por lo que está pasando…”.
Fue en ese encuentro cuando los abogados pidieron al Congreso de Morelos tomar acciones para detener la violencia, y anunciaron la presentación de un juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, por omisión.
Entregan demanda
Reyes Andraca Domit Ayub y Velasco Alcocer se reunieron con el presidente de la Junta Política y de Gobierno, Alejandro Martínez Bermúdez y los diputados Marguis Zoraida del Rayo Salcedo y Julio César Solís Serrano y volverán el jueves al Congreso del estado para ratificar el procedimiento.
En un comunicado expresaron que la denuncia se presenta “por acción, omisión, contravención a la Constitución, a las leyes en materia de seguridad pública, desde lo federal hasta lo local, así como la inaplicación y ruptura de los planes, programas, proyectos, así como desvío y/o subejercicio de los presupuestos en materia de seguridad”.
En su opinión, el desempeño de los servidores públicos en cuestión “ha dado como resultado la ruptura al pacto no sólo federal, sino a la Constitución local, generando graves afectaciones a la vida pública institucional del estado, así como a la paz y armonía de las y los morelenses”.
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