La titular de la SSPC acusó a la oposición de haber generado campañas acusando que México vivió el proceso electoral más violento de su historia.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en el pasado proceso electoral fueron asesinadas 12 personas candidatas registradas oficialmente ante institutos electorales locales y acusó a la oposición de haber generado campañas acusando que México vivió el proceso electoral más violento de su historia, lo cual rechazó.
Frente al presidente López Obrador, la secretaria detalló que se recibieron 645 peticiones de protección, de las cuales 595 fueron atendidas, 50 declinadas por los propios solicitantes y que al día de hoy, 121 candidatos electos cuentan todavía con seguridad, y las cuales mantendrán hasta que tomen posesión a su cargo.
Afirmó que el proceso electoral de este año fue “muy cuidado” y vigilado por las Fuerzas Armadas.
“Desafortunadamente en este periodo tuvo lugar el homicidio de 12 personas candidatas registradas oficialmente ante los institutos electorales locales. En este tiempo hemos visto el interés de grupo opositores al régimen actual para genera alarma y la idea equivocada de que en México vivió el proceso electoral más violento de la historia reciente. Pero esto no es así.
Se trata de campañas que pretenden el desprestigio al gobierno, un comparativo de los homicidios que tuvieron lugar en diferentes momentos procesos electorales es muestra de ello (…) Se recibieron 645 peticiones de protección, 595 de las cuales fueron atendidas y 50 declinadas por los propios solicitantes. Todos los candidatos que la pidieron tuvieron seguridad, y la mantendrán hasta que tomen posesión de su cargo. A la fecha 121 cuentan con ellas, los demás declinaron”.
En Palacio Nacional, la titular de la SSPC; destacó que no se registró ningún homicidio de contendientes a cargos de elección federal ni a gubernaturas como si ocurrió, señaló, en gobiernos pasados.
Señaló que en las investigaciones a estos homicidios están a cargo de las fiscalías estatales para evitar la impunidad.
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