Las mujeres extranjeras provenían de Colombia, Venezuela, Cuba, Perú y Noruega.
Un grupo de 29 mujeres víctimas del delito de trata de personas fue rescatado durante un cateo, realizado por autoridades locales y federales, a un bar en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad. La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que las víctimas son 19 mujeres extranjeras y 10 mexicanas.
Durante el operativo, fue detenido un hombre, identificado como Julio Alejandro ‘N’, originario de Chihuahua y quien es requerido en esa entidad por el delito de abuso sexual. Las mujeres fueron ‘enganchadas’ por una red internacional dedicada a la trata de personas mediante engaños, con falsas promesas de amor y ofertas laborales.
Personal de la Fiscalía, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, cumplimentó la orden de cateo en un bar de ese municipio. Policías de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas, fueron los encargados de cumplimentar el mandato judicial en el bar, ubicado en la avenida Benito Juárez y 50 avenida Norte de la colonia Centro, en Playa del Carmen.
Países de procedencia
Las 29 mujeres habían sido reclutadas para trabajar brindando servicios de índole sexual, además de ofrecer ‘bailes eróticos’; los clientes pagaban entre 5 mil y 10 mil pesos.
Entre las mujeres extranjeras, están nueve de Colombia, seis de Venezuela, dos de Cuba, una de Perú y una de Noruega. Siete de ellas fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para los trámites correspondientes.
La Fiscalía indicó que ellas y las mexicanas fueron “enganchadas a través de una red mundial de trata de personas, en la que los encargados de reclutarlas y transportarlas contaban con los contactos en otros países”. La estrategia de los tratantes era hacerse amigos de las víctimas; posteriormente las enamoraban y las convencían de viajar a Playa del Carmen, donde supuestamente les conseguirían sus documentos. Sin embargo, al llegar al bar les retenían sus pasaportes y las obligaban a cumplir con una cuota de servicios sexuales, bajo la amenaza de que si no la alcanzaban, dañarían a sus familias.
Las mujeres eran maltratadas física y psicológicamente de manera constante, expuso la institución.
Tras cumplimentarse la diligencia, las mujeres rindieron su declaración; el detenido fue puesto a disposición del Juez de Control, quien en el término constitucional previsto definirá su situación jurídica.
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