El Gobierno mexicano ha expresado su profunda preocupación por las posibles repercusiones negativas tanto en términos de derechos humanos como en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
El Gobierno de México ha dirigido una advertencia contundente a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos respecto a la posible aplicación de la Ley SB4, impulsada por el Gobierno de Texas y actualmente en litigio.
La postura mexicana, presentada bajo la figura legal de Amicus Curiae (Amigos de la Corte), destaca las graves implicaciones que esta legislación tendría en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.
La Ley SB4, si llegara a entrar en vigor, permitiría a las autoridades texanas detener a individuos basándose únicamente en su apariencia física y expulsarlos del territorio. En respuesta, el Gobierno mexicano ha expresado su profunda preocupación por las posibles repercusiones negativas tanto en términos de derechos humanos como en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
En el documento presentado ante la Corte de Apelaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México subrayó que la implementación de la SB4 afectaría adversamente la colaboración en materia migratoria y fronteriza, además de obstaculizar el comercio entre las naciones vecinas. Se argumenta que esta ley violaría los derechos humanos al potencialmente conducir a abusos por parte de las autoridades texanas, no solo contra ciudadanos mexicanos, sino contra cualquier persona con cierta apariencia física.
El Gobierno mexicano también advierte que la SB4 crearía una situación de desigualdad entre los estados y el gobierno federal de EU, al penalizar la entrada no autorizada de no ciudadanos a Texas desde fuera del condado y establecer requisitos de expulsión divergentes. Además, se resalta que la aplicación discriminatoria de esta ley podría llevar a un clima de acoso, detención y criminalización indebidos.
Ley SB4 es inconstitucional: Ken Salazar
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respaldó las preocupaciones planteadas por México, afirmando que la administración Biden coincide en que la Ley SB4 es inconstitucional.
Salazar enfatizó el compromiso compartido entre ambos países para abordar la migración irregular de manera ordenada, segura y humana, al tiempo que fortalecen la colaboración en seguridad fronteriza y el combate contra las causas fundamentales de la migración.
La administración Biden ha impugnado la ley texana argumentando que excede las facultades de las autoridades federales en materia migratoria y fronteriza. En este contexto, tanto México como Estados Unidos continúan trabajando para encontrar soluciones que aborden los desafíos migratorios de manera integral y respetuosa con los derechos humanos.
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