El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propuso declarar improcedentes cinco de las seis impugnaciones que promovieron militantes del PRI, entre ellos expresidentes de este partido, en contra de la convocatoria para renovar la presidencia del partido, en la que se pretende reelegir a Alejandro Moreno Cárdenas por cuatro años más.
Este día, el magistrado Reyes Rodríguez hizo público un proyecto de Acuerdo de Sala en el que propone reencauzar las demandas de los expresidentes del PRI Dulce María Sauri, Enrique Ochoa Reza, Pedro Joaquín Coldwel y Manlio Fabio Beltrones a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor para que ésta los resuelva.
Lo anterior porque el magistrado consideró que son improcedentes, ya que omitieron agotar la instancia de justicia interna del partido, órgano que, en primera instancia, debe revisar los actos partidistas reclamados como la emisión de la convocatoria, el Manual de Organización del Proceso y otros.
En su proyecto, que tendrá que ser discutido en sesión privada al tratarse de un acuerdo, el magistrado Reyes Rodríguez propone ordenar a ese órgano de justicia partidista que resuelva el caso antes del 22 de julio, fecha en que tienen lugar los registros de las candidaturas que buscarán contender por la dirigencia del PRI
En caso de ser aprobado por el pleno de la Sala Superior, y que las nuevas resoluciones partidistas sean impugnadas mediante las demandas respectivas, la Sala Superior se pronunciará al respecto y revisará las determinaciones que la Comisión Nacional de Justicia haya emitido.
¿Por qué hay impugnaciones contra los acuerdos del Consejo del PRI?
El 10 de julio el Consejo Político Nacional del PRI informó que acordaron el método electivo para renovar la presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo del partido para el periodo estatutario 2024-2028, y autorizó a la Comisión Nacional de Procesos Internos expedir la convocatoria.
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Ante ello, entre el 13 y 15 de julio, los expresidentes del PRI promovieron juicios de la ciudadanía con el propósito de dejar sin efectos dichos acuerdos, no así las reformas a los estatutos del PRI que permiten la reelección de Alejandro Moreno, pues la legalidad y constitucionalidad de estos primero debe ser avalada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y posteriormente se puede impugnar la decisión que tome el árbitro electoral.
Apenas este martes se sumó el sexto juicio contra el proceso de renovación del CEN del partido.
Fernando Peña Garavito sostiene que son ilegales los acuerdos del Consejo Político Nacional relativos al método electivo de asamblea de consejeras y consejeros políticos, tope de gastos de proselitismo, la autorización a la Comisión Nacional de Procesos Internos para expedir la correspondiente convocatoria y la convocatoria para el proceso interno ordinario de elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional PRI.
Con información de Javier Divany
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