En cinco estados de México —Guanajuato, Jalisco, Sonora, Campeche y Guerrero— existe una ley que permite a las familias adoptantes devolver a los niños al DIF si no cumplen con las expectativas que tenían. Esto puede ocurrir por razones como que el menor sea tímido, tenga alguna discapacidad, haya sufrido abuso o incluso por su color de piel.
Este tipo de adopciones se conocen como “adopciones simples revocables” y han sido criticadas por ser comparables a devolver un producto comprado en línea. Especialistas señalan que esta práctica vulnera los derechos de los menores y puede causarles daños emocionales graves.
Las autoridades han observado que algunas parejas adoptantes llegan con exigencias superficiales, buscando niños con ciertas características físicas o psicológicas, o para llenar vacíos personales, lo que refleja una falta de compromiso real con el bienestar del menor.
Ante esta situación, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes presentó el 9 de abril cinco juicios de amparo contra los congresos de los estados mencionados, buscando eliminar esta figura legal que permite la devolución de menores adoptados.
