Para entregar una carta en la que solicitan apoyo en contra de la Reforma al Poder Judicial del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, dos jueces acudieron a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos.
Solicitan, a nombre de más de mil personas juzgadoras federales, que la comisión actúe para “evitar que en México se consume la grave ruptura del orden democrático y el desmonte de los órganos de control al poder”.
El documento presentado a la CIDH por los magistrados Michele Franco González y Rogelio Alanís García aclara que no están motivados “por un ánimo litigioso de defensa de derechos individuales o de incidencia colectiva”, sino que hacen la petición en cumplimiento con su deber como defensores del Poder Judicial, de los derechos humanos y la democracia.
“Nos mueve el cumplimiento de nuestro deber como poder judicial de defender los derechos humanos y la democracia que los hace posibles y por ello comparecemos ante la CIDH”
En este sentido, los magistrados solicitan la activación del Artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que la función principal de la comisión es “promover la observancia y defensa de los derechos humanos”, para lo que asigna diferentes atribuciones como formular recomendaciones, preparar informes y solicitar estos mismos a gobiernos, atender consultas, a actuar respecto de peticiones, entre otras.
Los magistrados solicitan a la Comisión que ejerza sus funciones derivadas del artículo previamente mencionado para garantizar los derechos humanos de la sociedad mexicana, la cual según el documento “se encuentra bajo asedio con el proyecto de dictamen de la llamada reforma judicial”.
Las juezas y jueces del país advierten que de aprobarse “abriría un camino sin retorno a un golpe de Estado técnico”.
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