El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentó una denuncia en contra de la actual gobernadora del estado, María Eugenia Campos, tras un intento fallido de detención por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.
El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, presentó una denuncia en contra de la actual gobernadora del estado, María Eugenia Campos, tras un intento fallido de detención por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua en un restaurante de la colonia Roma, Ciudad de México, el pasado 14 de agosto.
La denuncia fue interpuesta por el despacho de abogados Schütte & Delsol ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Los delitos señalados en la denuncia incluyen privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, entre otros que puedan derivarse de los hechos.
De acuerdo con la defensa del exgobernador, los funcionarios de la Fiscalía capitalina impidieron la detención al considerar que era ilegal, ya que no contaban con la autorización necesaria para proceder conforme a lo estipulado en la fracción V de la Disposición Décimo Segunda del Convenio de Colaboración entre fiscalías.
Ante el temor de un nuevo intento de detención, los abogados de Corral promovieron un juicio de amparo indirecto, obteniendo una suspensión provisional el 16 de agosto. Esta medida coloca al exgobernador bajo la disposición de la juzgadora federal, garantizando así su comparecencia para enfrentar las acusaciones en su contra. Además, se estableció una garantía económica de 120 mil pesos para asegurar que Corral no evada la acción de la justicia.
La defensa subrayó que, contrariamente a lo manifestado por la Fiscalía Anticorrupción estatal, Corral Jurado no es un prófugo de la justicia. Según la jurisprudencia y sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la calidad de prófugo se demuestra, no se declara. En este sentido, enfatizaron que la suspensión de derechos políticos sin haber tenido la oportunidad de defenderse atentaría contra el principio de presunción de inocencia.
Finalmente, el despacho de abogados recalcó que una orden de aprehensión, en el actual sistema de justicia penal, es solo un medio para llevar al imputado a juicio, y que la suspensión de derechos políticos en este contexto sería una violación grave de los derechos constitucionales de su cliente.
Lea el artículo completo aquí.
