La familia del expresidente peruano Pedro Castillo, destituido a principios de diciembre por el Congreso tras intentar disolverlo, llegó el miércoles asilada a México, dijo un funcionario de alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El canciller, Marcelo Ebrard, anunció en la víspera que el Gobierno estaba negociando un salvoconducto para la familia de Castillo, que se encontraba dentro de la embajada mexicana en Lima, mientras el exmandatario peruano permanece detenido en una cárcel sujeto a un proceso judicial.
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“En nombre del @GobiernoMX recibí en nuestro país a la familia Castillo, protegida por la figura del asilo político. Fieles a nuestra tradición diplomática y orgullo de la política exterior mexicana que sigue salvando vidas en América Latina”, dijo el director para América del Sur de la cancillería, Martín Borrego.
El Gobierno peruano declaró este martes persona non grata a Monroy y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a la “injerencia” que consideran que han hecho las “altas autoridades” mexicanas y además otorgó un salvoconducto a la familia del expresidente para acudir este país, que les ha concedido asilo.
Hasta el momento, ninguna autoridad peruana o de la Embajada de México en Lima se ha pronunciado al respecto.
El Canal N informó que la comitiva partió de la residencia del embajador de México en Lima acompañada por escoltas y, al llegar al aeropuerto, Paredes fue increpada por varios pasajeros que la llamaron “sinvergüenza”.
La canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, informó el martes en una declaración a la prensa que “el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (…) que constituyen injerencia” en los asuntos internos de la nación andina.
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Además, Gervasi anunció que el Gobierno otorgó un salvoconducto a Lilia Paredes y a sus hijos para ir a México y señaló que informó al Gobierno de esa nación que la esposa de Castillo está siendo investigada por un delito común y que no hay “persecución política”.
Con información de EFE
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