En el presente sexenio, el gobierno de Estados Unidos ha brindado más de tres mil millones de dólares en asistencia a México para abordar el crimen organizado trasnacional y la violencia, fortalecer el Estado de derecho y reducir el narcotráfico; sin embargo, a pesar del apoyo, “la situación de seguridad en México ha empeorado significativamente y la tasa de homicidios en el país se ha triplicado”.
Esa es la conclusión a la que llega un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), el cual sugiere al Departamento de Estado tomar medidas para evaluar el progreso general de la cooperación bilateral y determinar si es pertinente continuar otorgando recursos a México.
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Al analizar 15 años de apoyo financiero a México, la GAO puntualiza que tanto la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) del Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), principales instancias que canalizan recursos a México, han enfrentado complicaciones para el logro de los objetivos vinculados a seguridad.
Según estas agencias, “entre los desafíos se encuentran la impunidad, la corrupción política en México y la creciente demanda de drogas en los Estados Unidos que estimulan las organizaciones criminales transnacionales”, puntualiza la GAO, instancia dependiente del Congreso de Estados Unidos que se encarga de fiscalizar y evaluar el ejercicio de los recursos públicos.
El periodo seleccionado por la US Government Accountability Office abarca la aplicación de la Iniciativa Mérida (2008-2021) y el Marco Bicentenario (2021 a la fecha), los dos acuerdos de colaboración bilateral que han orientado la cooperación bilateral en su vertiente de seguridad, derechos humanos y Estado de derecho.
Durante los primeros años de la Iniciativa Mérida, gran parte del financiamiento estadounidense se destinó a equipos para apoyar a las fuerzas de seguridad federales mexicanas, incluidos helicópteros y otras aeronaves. En 2008, México inició una transición hacia un sistema de justicia penal acusatorio, y Estados Unidos brindó apoyo a México cuando este sistema se adoptó en todo México entre 2008 y 2016, incluida la capacitación de funcionarios judiciales y el equipamiento de salas de audiencias. En sus últimos años, la Iniciativa Mérida aumentó su enfoque en las drogas sintéticas y las cuestiones de seguridad fronteriza.
Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, la Iniciativa Mérida perdió fuerza y se planteó la necesidad de rediseñar el marco legal de la cooperación entre México y Estados Unidos.
Como parte de sus esfuerzos para frenar el flujo de armas de fuego de Estados Unidos a México, ambos países lanzaron en enero de 2022 el Grupo Binacional Marco Bicentenario contra el Contrabando de Armas, que incluye agencias de seguridad y aplicación de la ley de ambos países.
Los principales objetivos del grupo son confiscar más armas involucradas en el tráfico ilícito de armas de fuego y promulgar sanciones para los contrabandistas de armas en Estados Unidos y México. El grupo se comprometió a aumentar las extradiciones entre ambos países, acelerar el procesamiento de casos, fortalecer las patrullas en la frontera, trabajar juntos para modernizar la tecnología de inspección fronteriza y mejorar el intercambio de información.
“Funcionarios del INL y USAID dijeron que si bien la Iniciativa Mérida ayudó a fortalecer las instituciones mexicanas, la violencia y la corrupción persisten en México. Las armas de fuego estadounidenses traficadas hacia México, junto con la alta demanda de drogas ilegales en Estados Unidos, contribuyen a las crisis de seguridad y de drogas en ambos lados de la frontera”, destaca el informe de la GAO en sus conclusiones.
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Los funcionarios estadounidenses informaron a la Oficina de Responsabilidad de Gobierno que han tenido dificultades para medir la efectividad de la asistencia estadounidense en México, en parte porque el INL experimentó desafíos al negociar indicadores de desempeño compartidos con México. En particular, el INL no ha identificado claramente qué proyectos contribuirán a las metas del Marco o qué indicadores de desempeño se utilizarán para medir el progreso, y no han desarrollado planes de seguimiento y evaluación para evaluar el progreso.
“Independientemente de las negociaciones con México, INL es responsable de evaluar el progreso del Marco Bicentenario. Sin abordar los elementos clave para evaluar el progreso, el gobierno de Estados Unidos no puede demostrar que está logrando sus objetivos en México, o que sus inversiones durante los últimos 16 años han sido efectivas”, expone el documento.
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