La familia Jensen, originaria de Utah, pasó de forma ilegal casi 3 mil cargamentos de petróleo crudo desde México hacia Estados Unidos, presentándolo como lubricantes y destilados para evitar impuestos. La operación, conocida como huachicol fiscal, generó alrededor de 300 millones de dólares y estuvo respaldada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que pagaban para poder mover el crudo.
Lo inusual fue que cambiaron la ruta típica del contrabando: en lugar de llevar gasolina de EE. UU. a México, como hacen la mayoría, enviaron petróleo mexicano hacia el norte, logrando amasar una fortuna en poco tiempo. Operaban a través de su empresa Arroyo Terminals LLC, con sede en Texas, donde guardaban el petróleo robado a Pemex por el CJNG.
El FBI desmanteló la red en abril, tras meses de investigación. Documentos señalan que usaban barcos y camiones tanque para cruzar la frontera por Tamaulipas. El líder era James Lael Jensen, de 68 años, descrito como magnate petrolero, quien operaba junto con su esposa Kelly Anne y sus hijos Max y Zachary.
La Fiscalía de EE. UU. los acusa de lavado de dinero, contrabando con documentos falsos y financiamiento al terrorismo, ya que enviaron al menos 47 millones de dólares a empresas mexicanas, lo que los convierte en “patrocinadores” del CJNG. El gobierno de Donald Trump busca quitarles cuentas, barcos, camiones, autos de lujo, una mansión en Utah valuada en 9.1 millones de dólares y propiedades en las Bahamas.
James y Kelly Anne fueron detenidos en Utah y sus hijos en Texas. Si son declarados culpables, podrían pasar hasta 20 años en prisión y pagar multas millonarias. El caso Jensen muestra cómo el huachicol dejó de ser un problema solo de México, convirtiéndose en un negocio binacional donde hasta familias estadounidenses terminan aliadas con uno de los cárteles más poderosos del mundo.
