El recién nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, se encuentra en el centro de la polémica. Durante su paso por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, percibió más de 7 millones de pesos y otorgó contratos millonarios a empresas cuestionadas.
Además, su asociación Servicios del Pueblo Mixe recibió donaciones sin estar registrada como donataria autorizada. Líderes Yaquis lo acusan de avalar abusos, manipular consultas y reprimir a su comunidad, lo que genera dudas sobre la transparencia y ética de quien ahora encabeza el máximo órgano judicial.
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