El presidente Donald Trump pretende agilizar las deportaciones masivas de inmigrantes con la “Ley de Enemigos Extranjeros” de 1798. Esta norma le da el poder de detener y expulsar a ciudadanos de países considerados enemigos durante conflictos bélicos. En el pasado, se ha usado en la Guerra de 1812 y las dos Guerras Mundiales contra inmigrantes alemanes, austrohúngaros, japoneses e italianos.
En su discurso inaugural, Trump anunció su intención de aplicar esta ley para combatir pandillas y redes criminales extranjeras, apoyándose en fuerzas del orden federales y estatales.
Su administración también está ampliando el uso de “deportaciones aceleradas”, permitiendo que el ICE expulse a ciertos inmigrantes sin proceso judicial. Antes se aplicaba en la frontera sur para quienes cruzaban sin autorización y no tenían solicitudes de asilo viables, pero ahora Trump quiere usarlo a nivel nacional para deportar a quienes llevan menos de dos años en el país.
Para ejecutar estas medidas, se ha incrementado la capacidad de los centros de detención de inmigrantes. Se han reabierto instalaciones en Texas y Nueva Jersey, además de expandir bases militares. Sin embargo, estas acciones han generado críticas por posibles abusos y condiciones inhumanas en los centros de detención.
Trump también ha declarado que usará al Ejército para deportaciones masivas “hasta el máximo nivel que permite la ley”. Considera la inmigración ilegal una “invasión” y ha propuesto construir más instalaciones para albergar a los inmigrantes mientras negocia con otros países su deportación.
