La constructora ICA ha sido ampliamente respaldada por el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, lo cual ha sido evidente en eventos como el reconocimiento otorgado a Guadalupe Phillips, directora de la compañía, durante un acto en la refinería de Dos Bocas el pasado julio. ICA no sólo está involucrada en la construcción de la refinería, sino que también tiene participación en otro de los proyectos emblemáticos del Presidente, el Tren Maya. A través de Construcciones y Trituraciones, S.A. de C.V. (Cotrisa), se le otorgó un contrato por tres mil 600 millones de pesos para llevar a cabo el diseño, suministro y ejecución del proyecto eléctrico correspondiente al Tramo 4, con vigencia del 22 de mayo de 2022 al 23 de junio de 2023.
En este escenario se encuentran en juego la interconexión de carga y pasajeros de las principales zonas turísticas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y surgen preocupaciones sobre las presuntas artimañas legales en las que IMA Especialistas en Electrificación Ferroviaria (Imaeef) se ha visto envuelta. Esta empresa firmó un subcontrato con Cotrisa para encargarse de la Implantación, Suministro y Construcción del Sistema de Catenaria para el mencionado tramo, pero presenta problemas internos que revelan intentos de despojo a través de engaños diversos.
Desde su creación, Imaeef ha tenido a Eric Pipiorski como accionista mayoritario con el 70% del capital. Sin embargo, en mayo del año pasado, su segundo al mando transfirió el 30% restante a Elizabeth Escamilla Gerónimo, quien desde entonces ha llevado a cabo acciones para apoderarse de los tres mil 600 millones de pesos acordados con la filial de ICA. Se ha denunciado ante las autoridades de la Ciudad de México y de Yucatán que Escamilla Gerónimo ha llevado a cabo destituciones ilegales de los principales técnicos especialistas que fueron seleccionados de común acuerdo, para luego imponer a otros afines a ella. Además, se habrían realizado Asambleas “fantasma” con el objetivo de dejar fuera de juego a Pipiorski, incluso sin tenerlo presente en el quórum, a pesar de que él es el mayor poseedor de acciones.
Entre las acciones ilegales que se atribuyen a Escamilla Gerónimo, destaca la coordinación con Emiliano Vargas, apoderado de Inver-Planning, para presuntamente robar la firma electrónica de Eric Alain, con el fin de quedarse con los recursos federales que ya habían sido destinados y utilizarlos para supuestamente obtener el apoyo de Liliana Gutiérrez Robles, titular de la notaría 44, quien avaló la revocación de poderes tanto del accionista mayoritario como del resto de los especialistas que tenían la autoridad técnica en Imaeef.
Es importante destacar que a finales de abril de este año, con la ayuda del despacho Cervantes Abogados, los directivos y operativos de Imaeef fueron desalojados de manera violenta de las instalaciones ubicadas en la Ciudad de México y en Yucatán. Además, se les despojó de las oficinas principales, del almacén de obra, de equipos de cómputo, celulares y correo electrónico, mientras se les informaba de su despido. Indudablemente, este asunto reviste un interés público significativo, especialmente porque implica recursos nacionales y se han registrado inscripciones ilegales en la Secretaría de Economía, encabezada por Raquel Buenrostro. Además, los retrasos en la obra se estiman en dos meses, lo que complicaría la meta establecida por el Ejecutivo.
Lea el artículo completo aquí.
