En la Guardia Nacional no se conoce un plan B para dejar el vínculo administrativo y operativo fuera del control de la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo estipuló en abril el fallo de la Suprema Corte que deberá ocurrir a partir de enero del 2024, cuando regrese como parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).
Por el contrario desde el año 2021 quedó establecida una hoja de ruta llamado “Plan General Integral 2021-2024 para consolidar a la GN”, donde se establecen los objetivos, el régimen normativo, los aspectos administrativos y logísticos, aspectos de inteligencia y cómo se verá la corporación en 2024. El documento forma parte de los archivos hackeados por el colectivo Guacamaya, y es un amplio y detallado plan sobre la naturaleza castrense de la corporación que fijó desde entonces su fortalecimiento en dos vertientes. El primero considera mayor profesionalización de los integrantes, más personal, más equipo, más disciplina, “meterla desde luego como una rama de las Fuerzas Armadas. Hay que militarizarla en el sentido del orden y la disciplina (aunque no suene bien), esto no significa sometimiento o imposición”, se dice en uno de los apartados. El segundo es su estrategia territorial, con presencia en todo el país, “porque no hay presencia de policías municipales o estatales; lo anterior acompañado de las mesas de coordinación y todo lo demás”.
El plan no contempla en ningún momento a la SSPC. Para el año 2024 se ven como “una fuerza permanente, autosuficiente, con gestión eficiente, identidad propia, disciplinada, profesional, con presencia territorial en todos los estados del país y capaz de cumplir sus atribuciones por sí sola o en coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipios, así como demás dependencias de la administración pública federal en condiciones de ser integrada a la secretaría de la Defensa Nacional”.
Y fijan una estructura general conformada por 136 mil 496 elementos, 719 organismos operativos (entre coordinaciones estatales, coordinaciones de unidad y compañías); 60 destinados a los aeropuertos (entre batallones, compañías y secciones); 44 organismos destinados a las vías de comunicación; ocho centros de adiestramiento; 1 centro de evaluación integral; dos organismos en materia penal, uno para revisión a penales y otro de servicios periciales; 15 mil 464 vehículos; 36 aeronaves; 190 mil 332 armas, de las cuales 59 mil 340 provienen de la extinta Policía. Federal.
Estos datos conforman en números la estructura de una fuerza amada por sí sola, donde no aparece por ningún lado el área de prevención del delito ni de vinculación ciudadana, dos aspectos clave en la seguridad pública. Tampoco queda claro las atribuciones del área jurídica y vinculación penal como soporte y/o enlace a las investigaciones que realice el ministerio público sobre hechos delictivos.
Al ser un organismo de naturaleza castrense, la Guardia Nacional privilegia y fortalece el área de inteligencia. El documento señala que para este 2023 se contempla una inversión de mil 15 millones de pesos en seis rubros de esta área, siendo el sistema de monitoreo e intercepción de comunicaciones el de mayor costo con poco más de 670 millones. El espionaje por encima de todo.
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