La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua suspendió este martes de por vida a la abogada defensora de decenas de “presos políticos”, Yonarqui de los Ángeles Martínez García, y le ordenó entregar sus títulos y protocolos en 24 horas, “bajo apercibimiento de ley, si no lo hiciese”.
Es la primera vez que la Suprema Corte suspende de por vida a un abogado del ejercicio de sus funciones, desde que estalló la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace cinco años.
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“Se sanciona a la licenciada Yonarqui de los Ángeles Martínez García, con suspensión definitiva del ejercicio de las profesiones de Abogado y Notario Público, a partir de la notificación de la presente sentencia”, se lee en la resolución emitida este martes por la Corte Suprema.
Los magistrados judiciales declararon además “nulo” el título de abogado y notario público registrado ante ese tribunal. También le ordenaron presentar ante la Secretaría de la Corte, en el término de 24 horas, bajo apercibimiento de ley, si no lo hiciere, sus títulos, así como los protocolos.
En la sentencia, los magistrados dieron lugar “a los informativos seguidos en contra” de la abogada, de lo que no ofrecieron detalles en la circular.
Abogada confirma suspensión
Martínez, quien desde abril de 2018 es conocida en Nicaragua como “la abogada de los presos políticos” por defender incluso de forma gratuita a decenas de opositores acusados de terrorismo y otros delitos, confirmó a EFE que fue suspendida de por vida y que la sentencia no admite apelación.
Dijo sentirse decepcionada, deprimida, triste y preocupada por su integridad y la de su familia.
La abogada fue una de las voces que denunció la redada nocturna ocurrida el pasado 3 de mayo, en la que al menos 57 nicaragüenses, en su mayoría opositores y críticos con el Gobierno de Daniel Ortega, fueron detenidos y acusados por delitos considerados “traición a la patria”.
Entonces denunció las irregularidades de esas detenciones, como que se dieron sin orden judicial y fuera de horario, que realizaron audiencias exprés en jurisdicciones donde no se habían dado los arrestos, sin abogados defensores de su elección y en horas de la madrugada.
La abogada, que es beneficiaria de medidas cautelares extendidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sido víctima de detenciones temporales, asedio e intimidación policial en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, según organismos humanitarios nicaragüenses.
En una resolución el 2 de diciembre de 2020, la CIDH advirtió que Martínez y su familia “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”, que sufrió un intento de homicidio el 5 de noviembre de ese año que no fue investigado por las autoridades, así como “amenazas de muerte por medio de mensajes de texto, en los cuales mostraban imágenes de mujeres asesinadas de forma violenta”.
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Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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