Por mayoría, los diputados del Congreso del Estado aprobaron la tarde del jueves la Ley 3 de 3 que contempla que quienes tengan antecedentes por actos de violencia familiar, delitos sexuales, agresiones de género, deudores de pensiones alimenticias o de otras obligaciones no sean idóneos para ostentar cargos públicos o participar en elecciones como candidatos.
Tras aprobarse en comisiones, la iniciativa fue presentada ante el Pleno por parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside el legislador Jacobo Mendoza.
Durante la sesión se otorgó un receso para que quienes integran la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) analizaran el dictamen que parte de la propuesta hecha por integrantes del colectivo “Observatoria Ciudadana Todas_MX” presentada a finales de noviembre del año pasado.
Ya aprobada, esta Ley se enviará a los 72 municipios para su aprobación, con la intención de que se aplique en todo el estado en beneficio de ese sector de la sociedad.
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Lo aprobado reforma la fracción I del apartado B del Artículo 2°; el Artículo 27; la fracción IX del Artículo 33; el párrafo segundo de la fracción XV del Artículo 64; la fracción VII del Artículo 70; el párrafo cuarto del Artículo 113; el segundo párrafo del Artículo 120; el Artículo 121; el primer párrafo del Artículo 126; el inciso B) del Artículo 127 BIS; las fracciones IV y V del Artículo 132; el Artículo 142; y se adiciona un inciso G) al párrafo sexto del Artículo 127 BIS, todos de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Entre los considerandos del dictamen se resalta que los funcionarios públicos tienen que atender ciertos requisitos que constaten contar con el perfil idóneo para asumir responsabilidades, sobre todo si se tratada de Diputados, Magistrados, Gobernadores, Consejeros, Regidores, entre otros.
“Toda vez que son los responsables de velar por la protección y los derechos de las y los sonorenses, por lo tanto, las personas que aspiran a ocupar un cargo público, de acuerdo a la función a desempeñar, deben configurar un perfil libre de actos de violencia en razón de género y de no ser deudores alimentarios”, agrega.
Con esta Ley, se instrumenta una medida reglamentaria para que los partidos políticos postulen en las candidaturas a personas sin antecedentes, con la intención de reducir el riesgo de que ejerzan conductas de violencia contra la mujer por razón de género.
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Por su parte, la diputada Rosa Elena Trujillo Llanes reservó diversos artículos del proyecto y en todos propuso agregar: “no estar sujeto o vinculado a proceso”, postura que fue respaldada por la diputada Sagrario Montaño Palomares, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por considerar, expuso, que los derechos de las mujeres deben de ser protegidos por la Ley”, sin embargo no fue respaldada por los presentes y el proyecto se aprobó tal y como fue presentado.
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