El Congreso del Estado decidió calificar como no procedente la solicitud de juicio político en contra de autoridades del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, por presuntos actos indebidos en la actual administración.
Fue el 30 de marzo cuando Héctor Hernández García ratificó ante esa soberanía la propuesta para que se abriera un procedimiento administrativo en contra del alcalde Abel González Ambriz y varios de sus colaboradores para que se investigara y sancionara supuestas irregularidades detectadas en el gobierno municipal.
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A partir de la recepción de esa queja se inició una investigación para buscar elementos y aclarar cualquier situación expuesta por el denunciante en contra de los servidores públicos.
En la denuncia también se incluían a Judith Guadalupe González Torres, síndica municipal; Santiago Quiñónez Puente, María Teresa Argüelles Rivera, Ignacio Valenzuela Alcántar, Melina Flores Barraza y Brenda Yazmina Chávez Cristín, regidores de ese Ayuntamiento.
Tras las indagatorias, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales determinó que no corresponden las conductas establecidas en la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, por lo tanto es improcedente.
El presidente de la Comisión, Jacobo Mendoza Ruiz expuso que los integrantes de la dictaminadora aprobaron por unanimidad el Acuerdo que resuelve que, en apoyo a lo dispuesto por el Artículo 241 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones, se determina que la denuncia presentada y las pruebas ofrecidas no ameritan la incoación del procedimiento de juicio político.
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Mencionó que las conductas atribuidas a los señalados no corresponden a las enumeradas en los artículos 234 y 235 de dicha Ley, por lo tanto no son procedentes.
Durante la reunión de trabajo estuvieron presentes las diputadas Azalia Guevara Espinoza y Rosa Elena Trujillo Llanes, así como los legisladores Fermín Trujillo Fuentes, Ernesto De Lucas Hopkins y Héctor Raúl Castelo Montaño.
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