Los trabajos comenzaron en Ures e incluyen 800 muestras de suelo a lo largo de 288 kilómetros de la cuenca. Las autoridades prevén concluir las labores principales en 87 días y mantener la supervisión hasta enero de 2027.
Hermosillo, Sonora.— Después de más de doce años del derrame tóxico ocurrido en la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, autoridades federales pusieron en marcha un nuevo programa de remediación ambiental en la cuenca del Río Sonora, con el objetivo de retirar 100 mil toneladas de suelo contaminado y avanzar en la recuperación de la región.
Las acciones comenzaron el 15 de octubre de 2026 en Ures, como parte de una estrategia coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en colaboración con otras instituciones y autoridades estatales y municipales.
El programa busca atender los daños ambientales asociados al derrame del 6 de agosto de 2014, considerado uno de los episodios de contaminación minera más graves registrados en el país. El incidente afectó los ríos Sonora y Bacanuchi, así como a comunidades que durante años han exigido respuestas sobre la calidad del agua, la recuperación de los suelos y las consecuencias para su salud y economía.
Drones y 800 muestras para identificar las zonas contaminadas
Como primera etapa, los equipos de trabajo realizarán vuelos con drones a lo largo de 288 kilómetros de la cuenca, con el propósito de identificar los sitios que requieren atención y establecer las áreas donde se concentrarán las labores de limpieza.
El plan contempla la toma de 800 muestras de suelo, que serán analizadas por laboratorios aprobados por la Profepa y acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Los resultados permitirán delimitar los polígonos que requieren remediación y definir el manejo de los materiales contaminados. Entre las opciones previstas se encuentran su confinamiento en celdas temporales o su traslado a plantas de tratamiento ubicadas en Nuevo León y Coahuila.
De acuerdo con la información presentada por las autoridades, los resultados de las muestras estarán disponibles aproximadamente 15 días después de su recolección. También se prevén 35 perforaciones y 900 metros de tomografía como parte de los trabajos de caracterización del terreno.
La identificación precisa de las áreas afectadas será fundamental para determinar dónde retirar el suelo y qué procedimientos deberán aplicarse para evitar que las labores generen nuevas afectaciones a las comunidades.
Cinco frentes de trabajo en la cuenca
El programa contempla cinco frentes de trabajo y la instalación de tres campamentos en los municipios de Ures, Aconchi y Huépac.
Las empresas Veolia, Semsa y Taesa fueron contratadas para realizar actividades de caracterización y remediación. Según lo anunciado, deberán incorporar proveedores y mano de obra locales, con la intención de que las comunidades también participen en la ejecución de los trabajos.
Los responsables del proyecto señalaron que se buscará reducir las afectaciones a los caminos y a las actividades cotidianas de los habitantes durante las jornadas de limpieza.
Asimismo, se estableció que los avances serán revisados cada dos semanas en los lugares que determinen las propias comunidades, con el propósito de informar sobre el desarrollo de las obras y atender las inquietudes de la población.
La supervisión externa de los trabajos se prolongará hasta enero de 2027, mientras que las labores principales tienen un plazo estimado de 87 días.
Una deuda ambiental que comenzó en 2014
El 6 de agosto de 2014 ocurrió un derrame de sustancias tóxicas relacionado con las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, operada por una filial de Grupo México. El incidente contaminó la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi y generó consecuencias para las comunidades asentadas a lo largo de la región.
De acuerdo con la información publicada por Excélsior, la emergencia afectó a alrededor de 25 mil habitantes de siete municipios ribereños, con repercusiones en sus condiciones de vida, actividades económicas y relación con los recursos naturales.
Desde entonces, habitantes y representantes comunitarios han mantenido sus exigencias para que se atiendan las afectaciones y se garantice información sobre los avances de la remediación.
El inicio de los trabajos actuales representa un nuevo paso dentro de ese proceso, aunque la ejecución de las obras no significa, por sí sola, que la cuenca esté recuperada. La efectividad de las acciones dependerá de los resultados de los análisis, la correcta disposición de los materiales contaminados y la verificación de las condiciones ambientales después de la intervención.
Autoridades prometen seguimiento y participación comunitaria
Durante la presentación del programa, Ileana Villalobos Estrada, subsecretaria de Regulación Ambiental de la Semarnat, señaló que las acciones deberán desarrollarse mediante un trabajo técnico y coordinado que permita mejorar las condiciones del agua, el aire y el suelo.
Por su parte, Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa, indicó que el arranque de la remediación forma parte de los compromisos establecidos entre el Gobierno de México y las comunidades de la cuenca.
Las autoridades también destacaron la participación de los Comités de Cuenca del Río Sonora, cuyas observaciones sobre las zonas potencialmente contaminadas fueron incorporadas al programa.
En el proyecto colaboran dependencias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) e instituciones del sector salud, además del Gobierno de Sonora.
La coordinación entre estas instancias será relevante para que las acciones de remediación se vinculen con las necesidades ambientales y sociales de las localidades afectadas.
El reto: convertir el inicio de las obras en una recuperación efectiva
El retiro previsto de 100 mil toneladas de suelo contaminado representa una intervención de gran escala, pero el desafío para la región va más allá de la cantidad de material que se logre retirar.
Para las comunidades, los resultados deberán reflejarse en una recuperación ambiental verificable, información pública sobre los análisis realizados y seguimiento de las condiciones de los recursos naturales.
También será importante conocer los resultados de la supervisión, el destino final de los materiales retirados y las medidas que se aplicarán en caso de identificar zonas que requieran intervenciones adicionales.
Después de más de una década del derrame de 2014, el inicio de los trabajos abre una nueva etapa para el Río Sonora. El cumplimiento de los plazos y, sobre todo, la comprobación de los resultados determinarán si este programa logra avanzar en la atención de una de las principales demandas ambientales de las comunidades de la región.
