La reciente carta de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, ha causado una sacudida política. La escribió de puño y letra desde su celda en Nueva York, acusando seriamente al presidente de México, sin pruebas, de ahí salió y llegó a todos nosotros y nada saldría de ahí sin la aprobación del gobierno estadounidense. Mientras acá, tan cerca del Culiacanazo, la tensión y el estado fallido se sienten recio en la sociedad.
A pocos días de recibir una sentencia que podría significar su vida tras las rejas, luego de siete días de balaceras en las calles de Sinaloa que han dejado a un centenar entre muertos y desaparecidos, Genaro García Luna acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener vínculos con el crimen organizado. Estas acusaciones tocan una herida abierta en la sociedad mexicana, la recurrente percepción de que el país podría ser un “narcoestado” o bien, que un círculo bien cercano a la parte más alta del poder toma decisiones en función de intereses relacionados con las agendas de organizaciones criminales.
El término “narcoestado” es pesado, difícil de escribir, implicaría que las instituciones del gobierno, el presidente y/o su círculo cercano, están no solo coludidas, sino que mantengan cierta dependencia directa del narcotráfico para mantener su estabilidad y operación. Esto no es una acusación, es una idea que le viene a la mente a más de un Mexicano de a pié y aquí la disertamos, tampoco es que sea una idea nueva, pero lo que hace esta teoría más inquietante es la aparente inacción del gobierno ante el desbordamiento de la violencia en diferentes zonas del país, dígase Culiacán.
En México, el crimen organizado no solo ha logrado penetrar a niveles locales, sino que sus tentáculos han alcanzado las esferas más altas de poder. La colusión entre narcos y funcionarios públicos es un hecho documentado a nivel estatal y municipal. Pero ¿qué ocurre cuando esas mismas sospechas se dirigen hacia la presidencia? López Obrador prácticamente sostiene que el de Calderón fue un Narcogobierno, pero durante los últimos seis años en redes el #NarcoPresidente no ha parado.
El caso de García Luna, es un espejo turbio que refleja las contradicciones del actual gobierno. López Obrador ha basado gran parte de su narrativa en la lucha contra la corrupción, sin embargo, la falta de resultados tangibles, la creciente violencia y las señales de acuerdos subterráneos sugieren que la realidad es mucho más compleja.
Un punto que alimenta la suspicacia es la evidente inmovilidad del ejército y las fuerzas de seguridad ante situaciones de extrema violencia. Los recientes episodios en Sinaloa, donde los cárteles resuelven sus cosas con armamento pesado en las calles sin oposición de la autoridad, ilustran cómo el Estado ha cedido territorios y perdido funciones que deberían ser de su competencia. Las declaraciones de García Luna, que apuntan a una supuesta colusión entre el gobierno de López Obrador y el narcotráfico, no hacen sino acrecentar la sensación de que la maña lleva mano, en todas partes.
Hoy mucha gente en Culiacán se siente desprotegida, abandonados a su suerte en un país donde la ley y la justicia se van convirtiendo en herramientas selectivas. El mensaje que García Luna busca transmitir en su carta, obviamente a conveniencia, obviamente parcial y cargado de resentimiento personal, resuena con una verdad incómoda: las instituciones mexicanas, desde hace años, han sido infiltradas por intereses criminales. ¿Usted sería capaz de descartar que haya arreglos tácitos entre actores del crimen organizado y figuras clave en el gobierno federal actual? Yo tampoco.
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