Tras la aprobación de la reforma judicial en México, para elegir a los juzgadores mediante voto popular, la agencia Moody’s advirtió este miércoles que esas modificaciones constitucionales deteriorarán los controles y equilibrios, y podría socavar la fortaleza económica y fiscal del país.
En un análisis distribuido a medios, la agencia recordó que este 11 de septiembre la Cámara de Senadores de México aprobó formalmente la reforma constitucional “transformadora y controvertida que deteriorará la independencia del poder judicial del país”.
Recordó que la nueva ley “podría politizar los dictámenes de la Corte Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de comprometer la independencia del sistema”.
“Las implicaciones crediticias de los cambios podrían ser significativas para la calidad crediticia soberana de México, más moderadas para las empresas financieras y no financieras calificadas, así como para las compañías eléctricas y de infraestructura, y relativamente bajas para los bancos”, apuntó.
Señaló que la reforma “deteriorará los controles y equilibrios y podría socavar la fortaleza económica y fiscal de México”.
Agregó que “a medida que el poder judicial se realinea cada vez más con los poderes ejecutivo y legislativo, su papel en el control y equilibrio de las otras ramas de poder se deteriorará“.
Moody’s destacó que “la preocupación de los inversionistas por la incertidumbre jurídica ha contribuido a la volatilidad financiera en el corto plazo”, y un ‘shock’ de confianza prolongado podría ampliar los diferenciales gubernamentales “y frenar la inversión privada, lo que presionaría la asequibilidad de la deuda y las perspectivas de crecimiento para 2025 en adelante”.
“Los cambios en el sistema judicial y regulatorio de México generarían más incertidumbre en sus proyectos de infraestructura”, dijo la agencia.
Además, destacó que la eliminación de organismos reguladores independientes, una propuesta que se considerará después de la reforma judicial, “aumentaría la incertidumbre en torno a las normas y procedimientos, y haría que el sector de infraestructura de México sea menos atractivo para la inversión privada, a pesar de las sólidas perspectivas de demanda”.
Expuso que “cuanto mayor sea la percepción del riesgo, más alta será la rentabilidad de las inversiones que buscarán los inversionistas y más elevados serán los costos adicionales derivados del análisis legal y la diligencia debida”.
También dijo Moody’s que “la incertidumbre jurídica probablemente afectará más a los sectores corporativos de México que dependen de concesiones y grandes inversiones, como la minería y las telecomunicaciones”.
“Los cambios en el sistema judicial serían particularmente perjudiciales para las futuras inversiones en ‘nearshoring’, (el fenómeno de relocalización de cadenas)”.
Y “si la incertidumbre sigue presionando el peso mexicano, esto también perjudicaría los indicadores crediticios de las empresas que calculan sus costos en dólares estadounidenses y generan ingresos en pesos, o de aquellas con baja diversificación fuera de México”.
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Durante la madrugada de este miércoles, los senadores mexicanos aprobaron en lo general y particular la reforma constitucional del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que haya elecciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular, así como un órgano disciplinario que revise el actuar de los juzgadores.
El aval, conseguido en la Cámara alta del Congreso, se sumó al obtenido una semana antes de la Cámara de diputados, por lo que solo resta su aprobación en al menos 17 de los 32 congresos locales y la firma de López Obrador para publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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