El senado argentino aprobó en la madrugada del viernes la ley de financiamiento universitario impulsada por la oposición, que prevé una actualización presupuestaria y recomposición salarial del personal, aunque el gobierno nacional adelantó que vetará la norma por considerarla deficitaria.
Con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, fue “aprobado en general y en particular el orden del día 146/24 se convierte en ley y será comunicada al Poder Ejecutivo nacional”, indicó el senador oficialista Bartolomé Abdala, a cargo de la presidencia de la Cámara.
La ley declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario y encomienda al Poder Ejecutivo actualizar los sueldos con base en la inflación acumulada desde diciembre de 2023, que suma un 144 por ciento.
Además, plantea que el gobierno actualice los montos de los gastos para el funcionamiento universitario de forma bimestral.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó la semana pasada que si la ley era aprobada sería vetada por el presidente Javier Milei.
“Toda norma que implique un gasto que no tenga los recursos correspondientes, que no tenga su partida presupuestaria, va a ser vetada por el Poder Ejecutivo”, dijo el funcionario al canal televisivo TN y aseguró que “la política fundamental del gobierno es el equilibrio de las cuentas públicas”.
Durante el debate, varios senadores opositores negaron que la ley comprometa el equilibrio fiscal y destacaron que, según datos de la oficina de presupuesto del Congreso, implicaría un gasto equivalente al 0.14 por ciento del PBI.
“Hay de dónde sacarlo, pero el gobierno nacional tiene como prioridad quitarle impuestos a los más ricos”, señaló al cierre del debate la senadora opositora Anabel Fernández Sagasti.
El Senado también rechazó en la madrugada un decreto con el cual el gobierno asignaba 100 mil millones de pesos (102.1 millones de dólares al cambio oficial) como “fondos reservados” a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
La oficina del presidente, Javier Milei, repudió la decisión de la cámara, a la que acusó de “fallarle al pueblo argentino” e hizo responsables a los senadores por “cualquier hecho que ocurra hasta que la SIDE esté correctamente financiada”.
Argentina atraviesa una recesión en un contexto de alta inflación (236.7 por ciento interanual). El salario del 85por ciento de los docentes universitarios no supera la línea de pobreza, cifra que llega al 60 por ciento para los empleados no docentes de las instituciones, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
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Si el gobierno veta la ley, se convertiría en la segunda legislación bloqueada por Milei, que el lunes de la semana pasada vetó un aumento del 8.1 por ciento a las jubilaciones y pensiones aprobado por amplia mayoría en el Congreso.
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