Roberto Salcedo, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), al dar un informe de la situación del fraude en Segalmex, Diconsa y Liconsa, señaló que a la fecha se tiene resuelto que “el daño patrimonial consignado hasta el momento es, precisamente, de dos mil 700 millones”.
Recalcó que, en los años de 2021, 2022, 2023 y 2024, se han solventado la totalidad de las observaciones del proceso fiscalizador, tanto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Remarcó que a la fecha, de los nueve mil 500 mdp observados en las cuentas públicas 2019 y 2020 por el caso Segalmex —el caso de corrupción más grande en esta administración—, se tiene la información de que cuatro mil 700 millones (cerca del 50 por ciento del total) ya fueron aclarados y dos mil 100 millones (el 22 por ciento) están proceso de análisis.
Dijo el funcionario que, “en caso de no aclararse se presentarán las denuncias correspondientes” y subrayó que esa cifra está en proceso de aclaración.
En tanto, explicó que dos mil 700 millones de pesos (el 28 por ciento) no fueron aclarados en el proceso de fiscalización, por lo cual, se presentaron las denuncias correspondientes ante la FGR para judicializar el caso para que se determinen las sanciones a los servidores públicos responsables.
También, comentó que fueron remitidos los expedientes para que se impongan las sanciones administrativas graves.
En tanto, Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dijo en la conferencia matutina que por los hechos referidos se presentaron 156 denuncias por los dos mil 700 mdp comprobados como daño patrimonial.
Galeano explicó que los delitos que constituyen los desvíos de los servidores públicos corresponden a: delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos, entre otros.
Destacó que 26 casos de las 156 denuncias penales presentadas, ya fueron vinculadas a proceso penal.
Indicó que de estas 26 personas vinculadas a proceso, nueve son ex servidores públicos y, las otras 17 son personas particulares. Dentro de este grupo, hay una persona detenida en Argentina y está en proceso de extradición.
Entre los principales responsables por este caso, la funcionaria dijo que están en prisión: René N que fue ex titular de finanzas de Segalmex; Manuel N ex titular del área Comercial de Segalmex y a José N ex titular del área de operaciones de Diconsa.
Segalmex se creó en 2019 para favorecer las producciones de maíz, frijol y trigo, pero según el propio gobierno federal, por la falta de sistemas informáticos se favoreció “una crisis administrativa” que propició irregularidades en sus cuentas.
La SFP dijo que partir de diversas auditorías, de denuncias de varios funcionarios públicos y del deterioro de la calidad de rendición de cuentas, se determinó cambiar a los mandos en las dependencias involucradas y se creó un grupo de trabajo integrado por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la nueva administración de Segalmex, para investigar los actos de corrupción mencionados.
Salcedo indicó que con las primeras investigaciones se pudieron recuperar 900 millones de pesos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles y, por este hecho, dijo, se presentaron las denuncias correspondientes.
Recordó que en las conferencia mañaneras del 18 de agosto de 2022 y del 29 de junio de 2023, se informó de los actos de fiscalización de la SFP y de la ASF a las Cuentas públicas 2019 y 2020, fechas en que fueron detectadas “las crisis administrativas” y, dieron como resultado observaciones e indicios de irregularidades por 9 mil 500 millones de pesos por posible daño patrimonial observado.
Subrayó que las observaciones de una fiscalización no son desvío de recursos, sino señalamientos de los auditores sobre evidencias que tuvieron a la vista y deben ser aclarados.
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Remarcó que, con el acompañamiento del grupo de trabajo gubernamental, Segalmex, Diconsa y Liconsa recuperaron las evidencias y los documentos justificativos del gasto que estaban dispersos por toda la República y las presentaron para aclarar las observaciones.
Finalmente, comentó que “no hay no habrá impunidad” en el caso Segalmex.
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