La Juez Quinto de Distrito en Cuernavaca, Morelos, ordenó la suspensión de la discusión y votación de la reforma judicial en la nueva legislatura de la Cámara de Diputados. La resolución de la jueza Martha Magaña señala que, en menos de 24 horas, la nueva Legislatura de la Cámara de Diputados deberá acatar e informar sobre el cumplimiento dado a la suspensión.
“Las autoridades responsables deberán informar a este Juzgado de inmediato, el cumplimiento que hayan dado a la suspensión decretada, apercibidas de que si al rendir su informe correspondiente afirma hechos falsos, en todo o en parte, podrán ser sancionadas en términos del Código Penal Federal”, apunta el expediente judicial 1251/2024.
Dicha suspensión se mantendrá, al menos, hasta el 4 de septiembre, fecha en que se realizará la audiencia incidental donde se determinará si continúa o no la medida cautelar.
De acuerdo con la información, un grupo de jueces de Distrito adscritos al Poder Judicial de la Federación promovieron un juicio de amparo contra el dictamen de la reforma judicial, en el que solicitaron la suspensión para que el dictamen constitucional no surta efectos contra ellos, ni que sea discutido y votado en San Lázaro.
Ello, alegaron los quejosos, porque “se les pretende cesar de sus cargos de Jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna, bastando para ello reformar el texto de la Constitución”.
Ante la solicitud de la medida cautelar, la jueza Magaña determinó que “es legalmente factible conceder la suspensión de oficio solicitada por los quejosos”, dado que, de aprobarse la reforma, “serían separados de sus cargos sin procedimiento previo ni derecho de audiencia, con las consecuencias jurídicas, laborales, psicológicas y económicas a que hacen referencia en forma puntual en la demanda”.
La jueza determinó que la reforma judicial y su posible aprobación “se trata de actos que afectan gravemente a la sociedad, al causar perjuicio a la salud, economía, ambiente o permiten la realización de actividades ilícitas y constitutivas de delitos”.
En su resolución, la impartidora de justicia también señaló que:
“Es necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento, tal como lo estableció la Corte Europea, la independencia de cualquier Juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas, para así asegurar a la sociedad que el acceso a la justicia será libre de presiones”.
La próxima audiencia incidental sobre este caso tendrá lugar el próximo 4 de septiembre de 2024 a las 13:15 horas.
Ahí, el Presidente de la República, por conducto del Secretario de Gobernación; así como la Comisión De Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (autoridades denunciadas) podrán presentar las pruebas y argumentos necesarios para que el juez de revés o mantenga la suspensión.
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En Chiapas, un juez federal también concedió una suspensión contra la reforma judicial. Ésta determina que, en caso de que se apruebe la reforma en el Congreso de la Unión, no se podrá enviar a las Legislaturas de los estados ni de la Ciudad de México para la aprobación local correspondiente hasta que se resuelva el juicio de amparo.
Con ello, dos jueces en diferentes estados dieron revés a la reforma judicial, y ésta, hasta que se resuelvan las audiencias incidentales, no podrá ser votada ni discutida en San Lázaro al menos hasta el 4 de septiembre. Esto, a menos de que la Presidencia de la República y la Cámara de Diputados realicen una queja contra la determinación de los jueces.
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