Debido a amenazas, el ciudadano canadiense Perry Lloyd, de 62 años, quien denunció haber sido víctima de un fraude por parte de exfuncionarios del Gobierno del Estado de Sonora, ha salido de México tras dar a conocer su caso en Hermosillo.
César García Luna, representante legal del afectado, informó que se busca una sentencia por lavado de activos contra la presunta responsable que inició las acciones fraudulentas con las que despojaron a Lloyd de varias propiedades.
“Ella no puede justificar de dónde obtuvo el dinero que utilizó recientemente para adquirir una propiedad en Hermosillo. Debemos verificar cómo compró una casa con el dinero de otra que vendió en San Carlos; el SAT debe investigar el origen del dinero con el que está comprando propiedades”, apuntó García Luna.
El abogado de Perry Lloyd indicó que recibieron contacto desde la Ciudad de México por parte de una persona cercana a la presunta exfuncionaria, quien les sugirió mediar para que el caso no continuara en el ámbito mediático.
“Esto ha tenido un gran impacto a nivel nacional, no nada más quedó aquí en Hermosillo, a nivel nacional ha estado sonando, pero no va haber trato, hasta que entregue la casa donde está viviendo”, externó García Luna.
García Luna advirtió que la denuncia ya fue recibida por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, que ha solicitado al Juzgado de lo Familiar el expediente y las carpetas de investigación correspondientes para iniciar las diligencias.
“La investigación lleva su tiempo, pero en la Fiscalía Anticorrupción está avanzando adecuadamente, ya que el notario de Guaymas tenía la obligación de verificar la procedencia del dinero y registrarla en la escritura, así como identificar a los involucrados en la aprobación de esos recursos”, dijo.
El abogado de Perry Lloyd enfatizó que ya hay avances en la investigación contra tres notarios públicos de Hermosillo y uno de Guaymas, quienes incumplieron con su deber de verificar la procedencia de los recursos utilizados para adquirir propiedades y permitieron que se registraran a nombre de la indiciada de manera ilegal.
“Nosotros pedimos que se investigue a los agentes del Ministerio Público que han colaborado en ni siquiera citar a Romo Cortez o sus cómplices para que declaren sobre estos delitos”, concluyó.
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