Estados Unidos apoyó este miércoles a su embajador en México, Ken Salazar, diciendo que comparte “sus preocupaciones” por la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Como socios y amigos, compartimos nuestras preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas”, publicó el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, en la red social X.
La controvertida reforma, que se abordará en la legislatura que comenzará el 1 de septiembre, incluye la propuesta de que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular.
Días atrás Salazar estimó que la reforma “amenaza” la relación comercial entre ambos países y es un “riesgo” para la democracia mexicana.
Esas afirmaciones llevaron a López Obrador a enviar una nota diplomática en protesta contra la “declaración injerencista” del embajador y a poner “en pausa” el martes su relación con Salazar y con la embajada de Canadá, muy crítica asimismo con los planes de México.
La relación con Salazar “es buena, pero está en pausa”, dijo el mandatario izquierdista, quien precisó que no se trata de una “pausa” en la relación con el gobierno de Joe Biden sino con la embajada hasta que ratifiquen “que van a ser respetuosos de la independencia de México”.
“Salazar y yo compartimos un profundo respeto por la soberanía de México”, replicó Nichols, que insiste en que los dos países “deben trabajar juntos como socios e iguales para promover la seguridad y la prosperidad en América del Norte“.
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“Siempre trabajamos con el máximo respeto a la soberanía de México”, aseguró por su parte Salazar en un mensaje publicado el martes en X.
México es el principal socio comercial de Estados Unidos y ambos países integran, junto con Canadá, el Tratado de libre comercio de Norteamérica (T-MEC).
El intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó los 745 mil millones de dólares en 2023, según datos oficiales mexicanos.
Un grupo de senadores estadounidenses se sumaron el martes en un comunicado a las críticas de Salazar al estimar que los cambios a la Constitución “socavarían la independencia judicial” y pondrían “en peligro” los intereses económicos bilaterales.
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