Nicaragua canceló este lunes la personería jurídica a mil 500 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, entre ellas organizaciones católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y de militares retirados, y ordenó traspasar sus bienes al Estado.
Con el cierre de estas mil 500 organizaciones no gubernamentales (ONG), suman más de 5.200 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en país centroamericano.
Esa medida, sin precedentes al ser la primera vez que se ilegalizan mil 500 ONG en un solo acto, se da tres días después de que el Ejecutivo sandinista anunciara que reformará el funcionamiento de las ONG, que tendrán ahora que formar “alianzas” con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos en el país.
“A partir de la fecha los ONG que funcionan en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad que hemos caracterizado como ‘alianzas de asociación'”, dijo el viernes pasado la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.
La disolución de estas mil 500 organizaciones fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La cartera del Interior explicó este lunes que cerró de forma unilateral las mil 500 ONG por incumplimientos a las leyes que las regulan, “ya que no reportaron por periodos de entre 1 hasta 35 años sus estados financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas”.
Los bienes de las ONG pasan ahora al Estado
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior indicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría General de la República en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.
Entre las mil 500 ONG canceladas se encuentra la Asociación Caritas Diocesana de Granada, Asociación Mariana del Santuario de la Virgen de Cuapa, Asociación Teresiano Carmelitana de Nicaragua, Asociación Tabernáculo Bautista de Nicaragua Amigos de Israel, Asociación Tabernáculo Bíblico Bautista Luz de Israel, la Asociación de Ministerios Evangélicos Hispanos Amigos de Israel, Club Rotario de Granada y Fundación Casa de los Tres Mundos.
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También la Asociación Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, Unión Nicaragüense de Cafetaleros, Asociación de Cafetaleros de Masatepe, Asociación de Hoteles de Nicaragua, Asociación por los Derechos de la Diversidad Sexual Nicaragüense, Asociación Autónoma de Mujeres, Asociación Movimiento Indígena de Monimbó, Asociación Mayagna Sauni as Kaluduhna, y Asociación de Discapacitados Indígenas del Caribe.
Asimismo, la Asociación de Jubilados y Pensionados Camilo Ortega, Asociación de Hombres y Mujeres Combatientes de la Resistencia Nicaragüense, Asociación de Cumplidores del Servicio Militar Patriótico del Departamento de León, Fundación de Oficiales Superiores en Retiro y Exoficiales de la Policía Nacional, y la Asociación Nicaragüienses de Periodistas Parlamentarios.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas desde 2018 utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente, Daniel Ortega, en las manifestaciones de hace seis años.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento debido a que no todas las 7 mil 227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
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