LIMA (AP) — La comisión legislativa de Constitución del Parlamento archivó la tarde del viernes la propuesta presentada por la presidenta Dina Boluarte para adelantar a octubre las elecciones presidenciales y de los miembros del Congreso y así cambiar autoridades a fines de 2023.
El gobierno peruano planteó un nuevo adelanto electoral en un intento de apaciguar las manifestaciones que han dejado al menos 58 muertos y que desde hace dos meses exigen la renuncia de la presidenta, de los legisladores y una nueva convocatoria a las urnas para este año.
Pese a la exigencia de las protestas en las calles, la decisión de la comisión de Constitución implica que, según las normas del Congreso, una nueva iniciativa para adelantar elecciones no será discutida hasta la próxima legislatura que empieza recién en julio.
No se lograron los 14 votos necesarios dentro de la comisión para discutir el último planteamiento del oficialismo, que es similar a otros tres proyectos archivados la última semana para convocar a las urnas de forma anticipada. Este nuevo intento del ejecutivo sólo obtuvo 11 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
El miércoles el gobierno presentó su proyecto en el que sugiere que las elecciones sean en octubre, que los nuevos parlamentarios elegidos asuman el 29 de diciembre y que el nuevo mandatario dos días después. Esas nuevas autoridades gobernarían hasta fines de julio de 2026. Pero tras la decisión de la comisión, el horizonte de un adelanto electoral y de las fechas de asunción de poderes queda indefinido.
La anterior propuesta rechazada en el Parlamento proponía celebrar elecciones en diciembre de 2023, de forma que el nuevo presidente y los legisladores asumieran sus puestos el 1 de mayo de 2024 y extendieran su mandato hasta fines de julio de 2026.
El rechazo del Parlamento a impulsar una propuesta para adelantar las elecciones generales ocurre en medio de manifestaciones que cumplen casi dos meses y que comenzaron cuando la presidenta Boluarte, que entonces era vicepresidenta, asumió el poder para reemplazar al presidente Pedro Castillo, quien fue destituido por el parlamento tras intentar disolverlo sin éxito.
Las protestas que piden la renuncia de Dina Boluarte y de los miembros del Parlamento, han dejado 58 fallecidos, la mayoría de los fallecidos han sido civiles, excepto uno que era un policía que murió carbonizado en los Andes.
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